Gasoducto Sur: PJ evaluó impedimento de salida para Nadine Heredia
Sala de Apelaciones resolverá pedido de la Fiscalía para restringir viajes al exterior de la ex primera dama Nadine Heredia por el caso Odebrecht, en el plazo de ley.
El juez superior Ramiro Salinas Siccha determinó, al término de la audiencia, que decidirá en el plazo legal si confirma o no la resolución que rechazó el impedimento de salida del país por 6 meses contra Nadine Heredia y otras 23 personas por el caso Gasoducto Sur.
Durante la sesión, el fiscal adjunto del Equipo Especial Lava Jato, Oliver Chávez, defendió que debía imponerse la medida restrictiva contra los investigados porque el juez Juan Sánchez Balbuena no valoró todos los elementos de convicción presentados en primera instancia por la fiscal Norma Mori.
Además, el magistrado habría concedido también pocos minutos para la sustentación oral en octubre pasado. Las defensas, sin embargo, replicaron que los reportes migratorios no significan un “peligro concreto de fuga” y que los elementos presentados no son suficientes ni específicos.
Para el Ministerio Público, cabe precisar, la orden es necesaria puesto que existen diversas tareas pendientes como interrogatorios, declaraciones y otras diligencias que requieren de la presencia física de los imputados.
En total, fueron nueve de ellos quienes no asistieron ni acreditaron una defensa técnica en la sesión, pues se habían allanado a esta medida que al final no se logró imponer.
Se trata de Carlos Paredes Rodríguez (investigado también en el caso Club de la Construcción), Miguel Ángel Ronceros, Omar Dueñas Cárdenas, Elda Díaz Gazzolo, Rosa Ortiz Ríos, Alfredo Dammert Lira, Juan Valdivia Romero, Constantino Galarza Saldívar y María Patiño.
EN VIVO
1:30 p.m. Defensor público pide a nombre de nueve investigados que no acreditaron un abogado (Carlos Paredes Rodríguez, Miguel Ángel Ronceros, Omar Dueñas Cárdenas, Elda Díaz Gazzolo, Rosa Ortiz Ríos, Alfredo Dammert Lira, Juan Valdivia Romero, Constantino Galarza Saldívar y María Patiño) se confirme el fallo que rechazó el impedimento de salida en contra de ellos.
1:20 p.m. Fiscalía sustenta pedido para Manlio Alessi Remedi. La postura del Ministerio Público en todos los casos se centra en que el juez Juan Sánchez Balbuena no valoró debidamente todos los elementos de convicción presentados en primera instancia.
Nota previa
Los jueces superiores Ramiro Salinas Siccha, Marco Angulo Morales y Víctor Enríquez Sumerinde, revisarán desde las 10 a.m. de este lunes el pedido de impedimento de salida del país contra Nadine Heredia y otras 23 personas.
Ello en el contexto de las investigaciones fiscales por el caso Gasoducto Sur, en el que se habría concertado con Odebrecht la licitación de la obra más costosa del Perú.
Como se recuerda, el magistrado Juan Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, desestimó el pedido inicial de la fiscal Norma Mori del Equipo Especial Lava Jato el pasado 4 de octubre.
“No cumple con los presupuestos y requisitos de ley para ser amparado, por lo que debe ser desestimado, incluso a favor de aquellos que expresaron su ‘allanamiento’ a la medida; y, así deberá declararse”, sostuvo entonces el juez.
Desde entonces, el Ministerio Público interpuso una apelación que será evaluada esta mañana.
La medida que se pretende imponer, cabe precisar, tiene una duración de seis meses y también va dirigida a otros coinvestigados de Nadine Heredia: el exministro del MTC Carlos Paredes Rodríguez; Jorge Merino Tafur, exministro de Energía y Minas; el exfuncionario de Provías, Edgar Cadenillas; Elda Díaz Gazzolo, Alfredo Dammert Lira, entre otros.
El caso, por otra parte, es investigado por dos fiscalías distintas. Una por la de lavado de activos en el despacho de Norma Mori; y otra en la fiscalía anticorrupción a cargo del fiscal Reynaldo Abia. En esta última ya existe una acusación firme contra Claudia Hokama, de Odebrecht, y el exfuncionario Edgar Ramírez Cadenillas.
El proyecto Gasoducto Sur, además, fue adjudicado al consorcio integrado por Odebrecht y Enagás en 2014. Se presume que durante el gobierno de Ollanta Humala se hicieron tratos ilegales para sacar a bien puerto la obra que sigue inconclusa desde el 2017.
