Nativos piden que acaben con diez años de suplicio

Por: Elizabeth Prado

Desde la Amazonía, los nativos que fueron procesados y absueltos de los sucesos del 5 de junio del año 2009 conocido como el Baguazo solicitaron a la jueza dirimente Susana Castañeda que acabe con el suplicio que sufren desde hace diez años y confirme la sentencia absolutoria porque son inocentes.

Feliciano Cahuasa, quien vive en la comunidad wampis de Chapiza, distrito Río Santiago, provincia amazonense de Condorcanqui, mantuvo su esperanza en que la magistrada exprese una opinión positiva para ellos.

“Estoy seguro que la señora que administra la justicia va a decidir bien. Ya hemos esperado diez años y en este tiempo no hemos vivido tranquilos. Nos han culpado del Baguazo. Los políticos tienen que responder pero a ellos no los procesan, a nosotros sí”, lamentó.

En tanto, Alberto Pizango, quien fue presidente de Aidesep cuando los indígenas se levantaron contra diez normas que afectaban sus derechos, también dijo que espera justicia.

“Estos años de juicio han afectado toda nuestra vida. No tenemos una vida tranquila, siempre estamos preocupándonos. También nos afecta en lo económico y en nuestra salud. Estoy batallando contra la soriasis que me ha aparecido” manifestó Pizango en la comunidad de Irapay, provincia loretana de Alto Amazonas.

Tiene quince días

En la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, la magistrada Susana Castañeda escuchó a las partes para decidir su voto respecto al inicio de un nuevo juicio tal como lo ha solicitado la Procuraduría del Ministerio del Interior, o se confirme la sentencia absolutoria defendida por los abogados de los procesados.

El procurador Luis Casaverde alegó que no se valoraron todas las pruebas, no se aplicó bien el test de proporcionalidad y de ponderación y, además, se vulneró el derecho a la vida y la integridad física.

Los abogados de los procesados precisaron que esos delitos ya fueron materia de absolución y que la Procuraduría del Ministerio del Interior no aportó ninguna prueba nueva contra los nativos.

“Ha dicho que no se ha ponderado los bienes jurídicos protegidos que son la vida y la integridad física. Eso está subsumido en el homicidio calificado y lesiones graves de los que ya fueron absueltos”, anotó el abogado del IDL Juan José Quispe.

La jueza Susana Castañeda tiene quince días para pronunciarse.