Van 299 fallecidos por los conflictos sociales en los últimos cuatro gobiernos
Balance en rojo. El gobierno de Alan García dejó como herencia 193 víctimas. El caso más emblemático es el ‘Baguazo’, por la imposición de decretos sin consulta. La gestión de Humala registra 73 muertos.
Por: Wilber Huacasi
El conflicto generado por el rechazo a Tía María no es nuevo. Desde el 2009, este proyecto minero de Southern Perú ha sido fuente de protestas con víctimas mortales. Ya en abril del 2011, durante el gobierno de Alan García, la Defensoría del Pueblo reportó tres civiles fallecidos durante una paralización en Arequipa. Luego, a mediados del 2015, en la gestión de Ollanta Humala, hubo otros tres civiles y un policía muertos.
En buena cuenta, van siete víctimas mortales de un conflicto que ya lleva una década sin claros visos de solución.
La cifra, sin embargo, es apenas una muestra de un grave problema y el reflejo de un patrón de gestión ineficiente de los conflictos sociales por parte de los gobiernos que sucedieron al régimen de los noventa.
Según información sistematizada por La República, con reportes oficiales de la Defensoría del Pueblo y datos recopilados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), desde el 2002 hasta la fecha ya se han registrado al menos 299 personas fallecidas, entre civiles y policías, como producto de los conflictos sociales.
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En buena cuenta, lo que ocurre ahora con el caso Tía María, podría ser la réplica de errores cometidos en forma sucesiva por los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el breve tránsito de Pedro Pablo Kuczynski.
Toledo y Río Blanco
En el análisis de los conflictos sociales, distintas organizaciones coinciden en plantear que estos se inician con el gobierno de Alejandro Toledo, tras el retorno a la democracia.
Del gobierno de Alejandro Toledo en el gobierno se recuerda mucho el llamado “arequipazo”, en rechazo a la privatización de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa), que dejó dos víctimas mortales.
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Sin embargo, durante esta etapa también hubo muertes por conflictos en rechazo a la actividad minera. Tal es el caso de las dos muertes que generaron las protestas contra el proyecto minero Río Blanco, en Piura, en los años 2004 y 2005. Una de las víctimas falleció por el impacto en la cabeza de una bomba lacrimógena y el segundo, por una bala, según el reporte de la CNDDHH. Solo en este último caso se inició una investigación sin resultados conocidos.
También en este gobierno ocurrió otra práctica de afectación a los derechos humanos con el secuestro y tortura de 28 campesinos en el campamento minero de Majaz.
García y Bagua
Del segundo gobierno de Alan García (2006-2011) se tiene en la memoria el caso emblemático de las muertes por el ‘Baguazo’ (23 policías y 10 indígenas), como producto de la imposición de decretos legislativos que afectaban los intereses de las poblaciones indígenas, sin siquiera ir al proceso de la consulta previa.
Sin embargo, la cifra de víctimas de dicho periodo es aún mayor: el total hubo 193 muertes en el contexto de los conflictos sociales. Se trata de la cifra más alta de víctimas mortales de los gobiernos de la última etapa democrática.
No todas estas muertes corresponden a conflictos socioambientales. Hay conflictos locales o regionales de distinta índole por razones ajenas a decisiones del gobiernos nacional, pero que evidencian la mala gestión de los conflictos.
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“De lejos, el periodo de García fue el de mayor número de conflictos y de víctimas fatales y heridos. En dicho periodo la decisión era sacar todos los proyectos. Así surge el primer capítulo de víctimas por Tía María; ocurre el conflicto de Combayo en Cajamarca o también Río Blanco en Piura”, recuerda José De Echave, de Cooperacción.
En efecto, con García inicia la conflictividad social en rechazo a Tía María. En abril del 2011 hubo una paralización con las tres primeras personas fallecidas. En tanto, Río Blanco nuevamente ocasionó cinco muertes el 2009, según la sistematización de la Defensoría del Pueblo.
Humala y Conga
Durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), hubo 73 víctimas mortales. Los casos más recordados, por temas de oposición a la actividad minera, son Conga (6 muertos), Espinar (3) y Tía María (4).
Sobre el caso Conga, Mirtha Vásquez, abogada de Grufides y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), recuerda como uno de los errores del gobierno de turno el ingreso en escena del personal militar.
“Con sus matices, este gobierno (de Vizcarra) ha tenido más cuidado en evitar víctimas, pero hace poco ha optado por permitir el ingreso de militares. Lo mismo pasó en Conga, solo con fines disuasivos, pero se les fue de las manos. Los militares no están preparados”, alerta.
Vizcarra emitió una resolución autorizando la intervención de personal militar para garantizar la seguridad en el terminal portuario Matarani.
Kuczynski y Vizcarra
Ya durante la etapa de Pedro Pablo Kuczynski, la Defensoría registró un total de trece fallecidos. De estos, cuatro corresponden a conflictos socioambientales, siendo el caso más recordado la muerte de un poblador en las protestas de Apurímac por el caso Las Bambas.
Incluso la gestión de Martín Vizcarra registra tres muertes por conflictos sociales. Dos corresponden a temas electorales o comunales, y una muerte tiene que ver con el rechazo de los comuneros de Parán (Lima) a una empresa minera. La víctima fue un miembro de la seguridad privada de la compañía.
Con todo, para José De Echave, Tía María tiene pocas opciones de seguir adelante, por falta de una licencia social. Se trata de un caso similar a Santa Ana en Puno, Conga en Cajamarca o Río Blanco en Piura. Estos proyectos no lograron la aceptación social y quedaron suspendidos”, advierte.
Mirtha Vásquez, de Grufides, cuestiona la falta de una política real para la gestión de conflictos y advierte que Vizcarra “mantiene una tendencia a solucionar los conflictos a través de la represión”.
“La privatización de Policía viene desde el gobierno de Fujimori. Este sistema va endureciéndose incluso con el actual gobierno, que sacó un decreto que permite el ingreso de las Fuerzas Armadas sin declaratoria de emergencia”, agrega Ana María Vidal de la CNDDHH.
Ana María Vidal - Abogada de la CNDDHH
“Southern Perú tiene más de 50 años contaminando el sur, incumpliendo contratos de trabajadores y convenios colectivos. No hay una buena práctica de esta empresa en ningún aspecto”.
Mesías Guevara - Presidente de la ANGR
“En mi opinión, es importantísimo que se dé la licencia social para los proyectos mineros. Tal como está actualmente el proyecto Tía María en Arequipa, considero que no debería ir”.
Mirtha Vásquez - Grufides y Aprodeh
“El gobierno de Vizcarra ha tenido más cuidado en evitar víctimas, pero al permitir el ingreso de militares con fines disuasivos, podría irse de las manos. Lo mismo pasó en Conga”.
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