
Las discrepancias entre las máximas autoridades del Gobierno Regional de Puno son una constante. El último episodio lo protagonizan el gobernador Walter Aduviri y el vicegobernador Agustín Luque Chaiña. Ambos están distanciados, aunque Luque asegure que todo está normal entre los dos.
En diálogo con La República, Luque aseguró que la sentencia contra la autoridad por seis años por los disturbios registrados en el Aimarazo “está dentro de los parámetros de la ley”.
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Su posición polarizó a los integrantes de la Región. Los adeptos a Aduviri señalaron que Luque no ejercería el cargo si no fuera gracias al liderazgo del exdirigente.
Pero no es el único caso. El expresidente regional David Jiménez Sardón (2003-2006) terminó confrontado con la vicegobernadora Sonia Frisancho. Jiménez tuvo en su contra pedido de prisión por la malversación de 20 millones de soles de la emergencia de 2003. Le correspondía ejercer el cargo a Frisancho, pero los consejeros se lo impidieron eligiendo al exconsejero Juan José Vega.
Hernán Fuentes (2007-2010) también terminó distanciado por acusaciones mutuas contra el vicepresidente de entonces, Mauro Justo Vilca. Lo propio sucedió entre el expresidente regional Mauricio Rodríguez y Saúl Bermejo (2011-2014). Ahora la historia se repite con Walter Aduviri y su vicegobernador Luque.





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