Por: Enrique Patriau
De acuerdo con la información ofrecida por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, las protestas contra Tía María han generado un impacto negativo de unos 250 millones de soles, equivalentes al 0,4% del PBI nacional mensual.
Sin embargo, advirtió que solo se trata de una cifra referencial. Además, Oliva indicó que el paro de las operaciones en el puerto de Matarani provocó un efecto sobre las exportaciones por unos 100 millones de dólares, aunque añadió que se trata de algo temporal.
El titular del MEF y el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, se presentaron en el Pleno para que expliquen las razones de la suspensión de la licencia entregada a Southern para la construcción del proyecto minero.
En su exposición, ofreció algunas cifras para explicar las consecuencias del conflicto, aunque matizó la situación: aseguró que no se observaron “impactos importantes en la actividad económica del sur ni en la producción minera”.
“Tía María es un proyecto de 1,400 millones de dólares. La fuente de agua es el mar. El proyecto contribuiría con el 0,2% en el crecimiento del PBI durante el primer año de construcción. No es el proyecto más grande que tenemos, pero sí es importante”, señaló Oliva.
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Por su parte, el ministro Ísmodes indicó que la decisión de suspensión adoptada por el Consejo de Minería “no afecta la validez de la autorización de construcción otorgada”. Aseguró que el caso será materia de pronunciamiento en un plazo no mayor de 120 días.
Indira Huilca, de Nuevo Perú, señaló que el Estado peruano debería disculparse por el Estudio de Impacto Ambiental del 2009, que presenta 138 observaciones.
Agregó que la empresa que realizó el segundo EIA se encuentra inhabilitada de contratar con el sector público.
Por su parte, Wilbert Rozas, del Frente Amplio, cuestionó que el Pleno se haya reunido para debatir sobre el proyecto Tía María a raíz de la aparición de un audio (en referencia a las negociaciones entre el presidente Martín Vizcarra y las autoridades de Arequipa), cuando la población del valle de Tambo está en contra del proyecto minero desde hace ya un buen tiempo, porque afecta a la salud ambiental.
Luis Iberico, de Alianza Para el Progreso, indicó que no se trata de “un deshonor” que el presidente Vizcarra se haya reunido con las autoridades locales de Arequipa, aunque sí advirtió que ha sido “una temeridad”.
Del lado de Fuerza Popular, Luz Salgado aseveró que el gran perjudicado por la decisión de suspender la licencia de construcción es el estado de derecho.
Al final de la ronda de oradores el ministro Ismodes insistió en que la suspensión de la licencia de construcción del proyecto Tía María es legal
Al respecto, el titular de economía recalcó que su portafolio y los demás ministros verificarán que la decisión que se tome respecto al proyecto cuprífero “sea bajo el marco legal vigente”.
Finalmente, la representación nacional aprobó debatir en la sesión de hoy la admisión a debate de las dos mociones de interpelación al ministro Ísmodes para que responda a preguntas sobre el proyecto Tía María y el Gasoducto Sur, planteadas por el Frente Amplio y Nuevo Perú.
También una moción de interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, por la irregular liberación del sicario Rubén Moreno (a) Goro, en junio pasado que fue propuesta por el fujimorismo.
- 6.4% del valor agregado bruto nacional lo aporta Arequipa.
- 6.1% del PBI mensual es el efecto que el conflicto de Tía María ha tenido en la región.
- 17 % fue la participación del puerto de Matarani en las exportaciones de 2018.
- La suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María no ha tranquilizado a los agricultores del Valle de Tambo. Continúan las movilizaciones en Mollendo y en Cocachacra, todos los días salen manifestantes a cortar la vía que une este distrito con Chucarapi.
- El martes 13 llegó a Cocachacra un equipo técnico del Gobierno Regional de Arequipa. En la plaza San Francisco, ingenieros y abogados explicaron a los pobladores que el Estado incumplió normas técnicas y legales.
- “Son las mismas observaciones que venimos presentando desde el año 2010, por eso la protesta sigue igual. No aceptamos la suspensión de la licencia por 120 días, queremos la cancelación del proyecto”, señaló el exalcalde de Cocachacra Juan Guillén.
- El 5 de agosto, Islay se declaró en huelga indefinida.