Vladimir Cerrón: dirigente de partido asegura que gobernador continuará prófugo
El gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, fue condenado a 4 años y 8 meses por beneficiar a una constructora a cargo de una obra de La Oroya. Seguidores señalan que existe “persecución política”.
Vladimir Cerrón, gobernador regional de Junín, fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva el último lunes y ahora se encuentra prófugo. El Poder Judicial concluyó que la autoridad es responsable de los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo.
Eduardo Gutarra, secretario de prensa del partido Perú Libre liderado por Cerrón, aseguró que la sentencia es “injusta” por lo que el gobernador continuará en la clandestinidad.
“No es una instancia concluyente desde el momento que esta sentencia no tiene el mínimo de rigor jurídico, a la que cuestionamos también desde el aspecto político, asumimos que la persona que haya sido puesta por un abuso de la justicia no tiene ninguna obligación de estar presentándose”, declaró en entrevista a RPP Noticias.
Caso Vladimir Cerrón y “persecución política”
El dirigente sostuvo que hay manipulación en la justicia por parte de Fuerza Popular y el Apra, y que este caso sería una “venganza” política.
“Para nosotros no es sorpresa que el partido aprista pueda usar todos sus tentáculos legales y políticos para comenzar a atacarnos”, comentó.
Respecto a que Vadlimir Cerrón es un prófugo de la justicia, indicó que “no les preocupa los epítetos”. Insistió en que la sentencia no es “de rigor” y que la resolución judicial no “va acabar con un partido político y menos va a mellar la imagen y prestigio de un líder”.
“Entendemos que sí existe un ensañamiento a líderes políticos que son de izquierda. (...) Nosotros asumimos que esta sentencia es injusta por lo tanto no se debería acatar”, señaló.
Vladimir Cerrón sentenciado
La jueza Susan Carrera del Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín halló responsable a Vladimir Cerrón, quien también deberá pagar una S/850 000 por reparación civil en un plazo máximo de seis meses.
Se ordenó, contra él y otros tres exfuncionarios, su inhabilitación para ejercer cargo público por el plazo de un año. También su ubicación y captura inmediata para su posterior internamiento en el penal de Huancayo.
Esto impedirá que postule nuevamente a cargo de elección popular, por haber cometido el ilícito mientras fue servidor público, tal y como lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (N° 30717). Defensa anunció que van a apelar.