Periodista Jaime Ayala: 35 años buscando justicia

Por María Elena Castillo

Un día como hoy, hace 35 años, el corresponsal del diario La República, Jaime Ayala, ingresó a la base de la Marina, ubicada en el estadio de Huanta, para denunciar una incursión militar en la casa de sus padres. Desde ese día está desaparecido y, pese a los años de investigación fiscal, hasta el momento no se inicia el juicio oral.

Su esposa, Rosa Pallqui, no se ha cansado de buscar justicia. Ayer participó en un programa especial realizado por la Asociación Nacional de Periodistas desde el Lugar de la Memoria.

“Hay muchos testigos de su ingreso a la base de la Marina. En la puerta había familiares de personas que fueron detenidas en días anteriores. Lo vieron entrar y no salir”, relató.

Ella, con su pequeño Boris de cuatro meses en sus brazos, lo acompañó hasta la Plaza de Armas de Huanta. “Se dirigió al estadio para hablar con los marinos”, relató como tantas veces lo ha hecho en estos 35 años ante los fiscales que tomaron su declaración una y otra vez.

La desaparición del periodista fue denunciada en su momento ante la Fiscalía de Huanta, y el caso siguió su curso en varias instancias. Incluso, el fuero militar promovió una contienda de competencia, que la Corte Suprema denegó.

Esto ocasionó la desaparición del principal responsable, el capitán de corbeta Álvaro Artaza Adrianzén, conocido como “comandante Camión”. En 1986 se reportó su extraño secuestro y años más tarde se tramitó su muerte presunta.

Con ello se libró de cualquier investigación judicial, pero el proceso sigue pendiente para sus jefes: Alberto Rivera Valdeavellano, quien en 1984 fue jefe del Comando Político Militar de Huanta y la Mar, y Augusto Gabilondo García del Barco, exjefe de la Base Contrasubversiva de Huanta. Ambos son investigados como autores mediatos del delito de homicidio calificado en agravio de más de 50 personas ejecutadas y desaparecidas, entre ellos el periodista de La República.

Años de impunidad

El caso de Ayala llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad supranacional que llegó a una solución amistosa con el Estado peruano para que sancione a los responsables y agote las gestiones para hallarlo. Hasta ahora no se la logrado ni uno ni otro.

“Son 35 años de impunidad. Es muy doloroso para nosotros no haber podido encontrarlo hasta ahora”, dijo en nombre suyo y el hijo de ambos, Boris.

Pero ellos no se cansan, pese a los vanos intentos por cerrar la investigación, como la resolución que en 2006 emitió el juez Omar Pimentel Calle, entonces del Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, afirmando que no habían indicios suficientes que involucren en violaciones a derechos humanos a los militares denunciados.

Archivó la investigación sobre las denuncias por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en la provincia de Huanta entre julio y agosto de 1984, que también alcanzó la ejecución extrajudicial de 50 personas cuyos cuerpos desnudos, atados, con huellas de tortura y orificios de bala fueron hallados en dos fosas en Pucayacu.

Esto fue corregido por la Corte Suprema, que anuló su decisión y continuaron las investigaciones.

Sala tiene en sus manos inicio del juicio

El 12 de julio último la Sala Penal Nacional realizó una audiencia de control de acusación, que es la instancia previa para que se inicie el juicio oral. El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, que representa a la familia de Jaime Ayala, espera que el tribunal resuelva pronto.

Remarcó que hay varios testigos de la detención y de su retención irregular al interior del destacamento de la Marina de Huanta.

Añadió que se han cumplido con todos los aspectos procesales, como haber identificado a los autores, el delito no ha prescrito, entre otros. Todo lo que falta es que la Sala señale la fecha de inicio del juicio oral.