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Política

El Congreso desnaturalizó la reforma política ¿Qué sigue ahora?

La decisión del Parlamento difiere de la propuesta del Ejecutivo sobre inmunidad. El presidente Vizcarra advirtió que si esto sucede sería un rechazo a la confianza, lo que le permitiría cerrar el Congreso ¿Es legítima esta medida?

El legislador Salvador Heresi, durante la última sesión plenaria, advertía que si el presidente de la República, Martín Vizcarra, decidía disolver el Congreso de la República los tendrán que “sacar a balazos”. El cierre del Parlamento ha sido voceado desde que se desnaturalizó la propuesta sobre inmunidad parlamentaria.

El Pleno en el último jueves, decidió que la potestad de levantar el fuero legislativo continúe a cargo del Congreso. Este proyecto ha sido calificado como “desnaturalizado”, a pesar que otorgaron la confianza al Gobierno aceptando que no alterarían su esencia.

Congreso no cumplió su palabra

El pasado 4 de junio el primer ministro, Salvador del Solar, sostuvo el pedido de cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso y argumentó que si se acepta, tal como sucedió, no se debe alterar la esencia de las reformas, sino solo mejorarlas,

Por lo que, el constitucionalista Samuel Abad concluye que el Parlamento no “honró su palabra” sobre la cuestión de confianza otorgada, la que se basó en los seis iniciativas legales de la reforma política.

El especialista indicó también que antes una situación como esta, el mandatario Vizcarra deberá interpretar y tomar una decisión al respecto. La misma que tendrá que ser analizada y evaluada con mucho criterio.

Demanda competencial del Congreso

Por su parte, el Legislativo, para evitar un eventual cierre de su institución, acordó que presentar una acción competencial con su respectiva medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre los alcances de la cuestión de confianza.

Con este recurso se busca que el TC aclare los alcances y las competencias que se ejerce la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, para Abad el trasfondo es evitar que el jefe de Estado disuelva el Congreso luego que interpretara que no se respetó el voto de confianza.

Si el Ejecutivo concluye que se ha rechazado la cuestión de confianza, el presidente Martín Vizcarra tendría la facultad de disolver el Congreso, al ser la segunda vez que se niega la medida en el presente gobierno.

No obstante, el constitucionalista enfatizó en que la acción que pretende presentar el Congreso contra el Ejecutivo no procede porque el TC no resuelve controversias de actos que no se han realizado; es decir, no puede decidir de forma preventiva.

“Lo que están pidiendo no es tanto la cuestión de confianza porque ya se dio y ya fue concedida por el Congreso. Lo que les preocupa a los congresistas es que el Ejecutivo sienta que no les han dado la confianza como solicitaban y que eventualmente pueda suceder una disolución, pero que aún no se ha dado”, resaltó en entrevista con Canal N.

“Congreso puede demandar al presidente”

Por su parte, el constitucionalista Luciano López consideró que el mandatario no “debe pasar la línea” por lo que sería “inconstitucional y un suicidio”.

Explicó que la cuestión de confianza no debe analizarse “en dos tiempos” porque es solo en un momento que ya pasó. Además, argumentó que el TC ya se pronunció sobre la medida constitucional pero no sobre la disyuntiva que el jefe de Estado está afrontando: la interpretación de una nueva decisión del Parlamento.

López comentó además, que si el mandatario determina esta medida el Congreso podría acusarlo, lo que está establecido en el artículo 117 de la Constitución, sobre la inmunidad presidencial.

“El artículo 117 de la Constitución, la inmunidad del presidente tiene una excepción, si impide que sesione el Congreso. Por lo que el Parlamento puede acusar constitucionalmente al presidente”, señaló en entrevista con Canal N.

Indicó además que el caso hipotético que el presidente Martín Vizcarra concluyera que el Congreso no le otorgó la cuestión de confianza, no existiría el Gabinete Ministerial y todo lo avanzado luego del 4 de junio podría ser cuestionado por su validez. “Se va a generar una nueva discusión interpretativa”, sostiene.

Sin embargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, señaló que “la carta” del cierre del Congreso solo le corresponde al presidente de la República. Reiteró que esta decisión debe ser evaluada muy cuidadosamente.