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Política

Funcionario cuestionado por fiscal fue abogado del fujimorismo en allanamiento

Wilfredo Ponce de León pidió licencia en el Parlamento para asistir a la diligencia fiscal en el local de Fuerza Popular.

Wilfredo Ponce de León
Wilfredo Ponce de León

El último domingo 30 de junio, el fiscal Rafael Vela denunció que el exfuncionario del Congreso Wilfredo Ponce de León es parte de una estrategia de “obstrucción a la justicia” por parte de Fuerza Popular, luego que viajara a Tarapoto y buscara un presunto vínculo familiar entre el coordinador del Equipo Especial Lava Jato y el congresista Rolando Reátegui, quien declaró a la fiscalía por el caso Cócteles.

Tras ello, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, informó que removió de su cargo a Ponce de León, quien se desempeñaba como jefe de Asesoría Jurídica desde setiembre del 2016. Según indicó, el funcionario pidió licencia en el Legislativo para viajar a dicha ciudad de la región San Martín.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que Wilfredo Ponce de León pide permiso en el Congreso de la República para efectuar acciones a favor de Fuerza Popular.

El jueves 7 de diciembre del 2017, el Ministerio Público allanó el local fujimorista del Paseo Colón, en el Cercado de Lima, como parte de la investigación contra la agrupación política por un presunto aporte de Odebrecht a la campaña de 2011. La diligencia fue dirigida por el fiscal José Domingo Pérez.

De acuerdo al acta de allanamiento, a la que Convoca.pe tuvo acceso, Ponce de León llegó a las 10:18 horas de ese día, tres minutos después que el otrora oficial mayor del Congreso José Cevasco Piedra firmara la boleta de vacaciones por un día que entregó el jefe de Asesoría Jurídica.

En algún momento del allanamiento, el Pérez Gómez le indicó a la congresista Alejandra Aramayo, quien estuvo presente junto a otros de sus colegas, que se oponía a la investigación, por lo que ella respondió que solo conversaba “con el abogado”, haciendo referencia a Wilfredo Ponce de León.

Casi al finalizar la diligencia, el fiscal dejó constancia que habían “constantes interrupciones y oposición de los abogados presentes", razón por la que consideraba que no se presentaban las garantías necesarias.



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