El juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dispuso esta tarde imponer la medida de comparecencia con restricciones para el exgerente de Seguridad Ciudadana en la gestión de Susana Villarán, Gabriel Prado, y otros tres exfuncionarios.
La resolución, al aprobar el pedido fundamentado por la fiscal Ángela Zuloaga, indica también que tanto Prado como Marco del Mastro, Cecilia Lévano y Guillermo Loli, deberán pagar una caución de S/10 mil a favor del Estado en el plazo de diez días.
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En el caso de Gabriel Prado, el magistrado señaló que “hubo un rol dentro de la asociación delictiva en la que existe una estrecha vinculación con la finalidad de la organización” liderada por Villarán en la alcaldía de Lima.
Los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público aportaron un mayor peso a la decisión que contó en su fallo la mención que hizo de Prado el exfuncionario de la Banca Privada D’Andorra (BPA) en Uruguay, Andrés ‘Betingo’ Sanguinetti.
Asimismo, recalcó que no se pone en cuestión si la cuenta bancaria recibió dinero, sino el fin con que se abrió para captar los ilícitos de Odebrecht, por indicación de José Miguel Castro.
La misma medida de comparecencia restringida se hará efectiva para los exfuncionarios Marco del Mastro, quien creó la Asociación Amigos de Lima en noviembre del 2012; Cecilia Lévano y Guillermo Loli, cofundadores de la organización.
Asimismo, el juez señaló que, de acuerdo con diversas cartas periodísticas, la asociación citada pagó diversos contratos por publicidad para la campaña contra la revocatoria del 2013.
Las restricciones que tendrán los cuatro investigados serán los de presentarse al despacho fiscal las veces que sean citados, pasar por control biométrico cada 30 días en el Ministerio Público y no cambiar sus respectivos domicilios. La exalcaldesa Susana Villarán, es necesario precisar, cumple 24 meses de prisión preventiva por haber recibido sobornos de Odebrecht y OAS.