El InformanteUn terreno peligroso en materia de querellas sobre delitos de prensa. Tras el caso Salinas-Ugaz, viene el de 'Eteco', que afecta a más de diez informadores. ¿Despenalización? Cuestiones a favor y en contra.,Un informe de la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico opina que el periodista Pedro Salinas no cometió delito de difamación agravada contra el arzobispo Juan Antonio Eguren. Alega criterios constitucionales y de jurisprudencia. Por un lado, sostiene, las afirmaciones objetivas de Salinas se basaron en hechos comprobados, y, por otro, a sus dichos subjetivos los protegía la libertad de opinión. El periodista escribió que Eguren, fundador del Sodalicio, una sociedad apostólica acusada de abusos sexuales, era comparable a Juan Barros, un obispo emérito acusado de encubrir estos delitos en Chile. Además, Salinas vinculó al arzobispo con una organización criminal de tráfico de tierras. En un artículo que motiva la querella, Salinas citó el testimonio de un discípulo de Eguren según el cual este lo habría maltratado sicológicamente. Para el informe la exposición de este antecedente cumple un requisito de diligencia periodística que es ajeno a un difamador. También hace notar que Eguren fue fundador del Sodalicio y que era pública su cercanía con el líder, Luis Fernando Figari, actualmente investigado por delitos sexuales. Por lo tanto era presumible su responsabilidad por lo que hizo o dejó de hacer el Sodalicio. En cuanto al señalamiento de sus posibles vínculos con traficantes de tierras, fue el reporte fiel de una investigación periodística previa, de otro autor. Para exculpar a Salinas, concluye el análisis, no es necesario que lo dicho por Salinas sea verdad, sino que pueda comprobarse que actuó sin real malicia. Esto es, que no divulgó hechos falsos sabiendo que lo eran. PUEDES VER Pedro Salinas: Clínica Jurídica muestra que periodista no difamó a José Eguren Lo real y lo posible Aportes como el de la clínica jurídica, dirigida por Andrés Calderón, elevan el debate y contribuyen a la defensa de la libertad de expresión. El informe apareció cuando Eguren había retirado la querella contra Pedro Salinas y Paola Ugaz, ambos autores del libro Mitad monjes, mitad soldados, sobre los abusos del Sodalicio. Este acto ha sido lo mejor para todos. Desde la parte querellante, porque la reputación del arzobispo no iba a resultar beneficiada aunque ganara el juicio –le dio la razón un fallo de primera instancia deficientemente motivado– por el contexto político en el que estaba envuelto el caso. Y, desde el lado de los periodistas, porque era un caso difícil. Aunque comparto las conclusiones del informe, no es seguro que jueces de instancias superiores las hubieran asumido. Al momento no existen evidencias para asegurar que monseñor Eguren encubriera abusos sexuales contra miembros del Sodalicio. Una denuncia por varios delitos presentada por Salinas en 2016 fue archivada por el Ministerio Publico. Hay en curso una investigación contra la cúpula reabierta por la fiscalía. Por otra parte, la organización de tráfico de tierras con la que supuestamente estaba vinculado Eguren fue sentenciada en enero del 2018 –después del informe periodístico referido por Salinas– sin responsabilizar al arzobispo. Quizá, tratándose de imputaciones penales, un tribunal pudiera haber exigido mayor intensidad del deber de diligencia. Los dos extremos Sin embargo, Salinas no estaba ofreciendo los resultados de una investigación periodística, sino participando en un debate público sobre crímenes sexuales dentro de la Iglesia Católica. Y estaba explicando su convicción de que Eguren, desde su liderazgo, no estaba al margen de los abusos en el Sodalicio. Lo cual es válido. ¿Acaso sería ilícito opinar –aunque no pudiera ser demostrado– que hasta no hace mucho el papa Francisco pretendió encubrir la pedofilia en la Iglesia Católica, la cual, para el efecto, actuó como una organización criminal? PUEDES VER “El abuso contra niños y niñas no tiene ideología” La otra cara de esta discusión es que las garantías de que goza el periodismo le permiten, dependiendo de las circunstancias, hacer afirmaciones inveraces, o decir medias verdades, sin ser sancionado. Esto va a ser cada vez más riesgoso. No sabemos cómo van a reaccionar jueces que hoy día pueden estar influenciados por los medios, mañana por la opinión pública y más adelante por algún gobierno autoritario de derecha o de izquierda. El peor error de la prensa profesional sería trabajar en el límite de lo permitido, en vez de irse al otro lado: al límite del máximo rigor posible. Debate ineludible Ahora mismo una docena de periodistas están querellados por Miguel Arévalo Ramírez, más conocido como “Eteco”. Han afirmado o referido que Arévalo es investigado por agentes de narcóticos. Eteco pretende cantidades millonarias. Afirma que no está siendo investigado ni es sospechoso de narcotráfico, como de alguna manera indican las publicaciones. Quienes tienen conocimiento previo del caso –no pocos en la prensa local– conocen que los querellados se basaron en fuentes especializadas que suelen exigir anonimato. PUEDES VER Arzobispo Eguren desiste de querella contra periodista Paola Ugaz Es previsible un archivamiento de estos procesos luego de que el juez reconstruya la diligencia que cada quien tuvo para publicar. Sin embargo los querellados siguen aumentando sin cesar, y han sido anunciados embargos contra Oscar Castilla y Edmundo Cruz. Una cosa es que cualquiera, hasta un inculpado, tenga derecho a defender su honor ante los tribunales. Otra que se haga una utilización de la justicia para reprimir investigaciones, como en su momento hizo la mafia de Rodolfo Orellana. Todo esto ha puesto en discusión si los delitos de prensa deben ser despenalizados. No habría cárcel para los sentenciados, quienes pagarían solo indemnizaciones. Hay que debatir. Por un lado, la despenalización rige en las democracias más avanzadas. Por otro, criminales insolventes podrían establecer redes difamatorias sin peligro de castigo, mientras los jueces adquieren el delicioso poder de hacer quebrar un medio débil o poderoso.
