Como bien escribió Jacqueline Fowks para el diario El País, este año 2018 que se fue definitivamente, pasó por nuestras vidas como si se tratara de una década: comenzó con las marchas contra el indulto trucho en las que nos gasearon desde Lince hasta el Centro de Lima y siguió con entuertos oscuros y mugrientos, como los del congresista Mamani conducidos a control remoto por Keiko Fujimori, para lograr lo que logró, sacar al débil PPK de la presidencia y pensar que Martín Vizcarra se prestaría a su venganza. Pero todo cambió con el primer audio de los Cuellos Blancos del Puerto, ese poético título con que la PNP nombró al grupo de jueces y hermanitos y hermanones que se apropiaron de la justicia a cambio de entradas al mundial. Todo asqueroso. Desde hace años pienso que la labor de los fiscales ha pasmado a la justicia en nuestro país: he visto cómo en Chiclayo, a pesar de tener las pruebas, se archivó una denuncia contra la PNP por cinco muertos en Cajamarca durante el conflicto Conga; o en Arequipa que la fiscal Cárdenas denuncie al Frente de Defensa del Valle del Tambo por asociación ilícita para delinquir sin individualizar las responsabilidades. La fiscal Marcelita Gutiérrez archivó la denuncia contra Alberto Fujimori, Aguinaga y otros por el caso de esterilizaciones forzadas, pero tuvo que darle pase por una queja del fiscal superior, teniendo a más de dos mil mujeres esperando esa denuncia durante cuatro años. Antes de que entre Pablo Sánchez a la Fiscalía de la Nación, el corrupto Carlos Ramos Heredia, vinculado con la red Orellana, fue su presidente felizmente solo por siete meses. Ahora tenemos a Pedro Gonzalo Chávarry atornillado en el puesto y sin posibilidades de poder controlarlo, debido al vacío que ha dejado la caída del CNM. La bancada del Frente Amplio presentó una propuesta de ley en la actual legislatura para declarar en emergencia a la Fiscalía de la Nación; pero va a ser bien difícil que pase los retenes del fujimorismo aún apertrechado en las diversas comisiones del Congreso. Sin embargo, hay cuatro fantásticos, en realidad, hombres y mujeres que tienen profunda conciencia de la justicia y hacen su trabajo con diligencia, que nos han devuelto la fe en la Fiscalía. Vela, Pérez, Sánchez y Castro se han atrevido a enfrentarse contra una red de cutras, corrupción de alto perfil, y mafias enquistadas por décadas en nuestra propia judicatura. Estoy segura de que, junto con ellos, hay muchos más, peruanos y peruanas, que han estudiado los códigos y procedimientos pensando en la justicia como fin último, y no en sacarle la vuelta como estrategia para quienes los presionan desde arriba. Ellos, los y las fiscales, son funcionarios públicos y nosotros, el pueblo, quienes pagamos nuestros impuestos y buscamos que las instituciones se fortalezcan, los necesitamos: a esos jóvenes empoderados, mujeres y varones que se preparan ante los jueces, que coordinan con la PNP, pero sobre todo que defienden a las víctimas. Que este 2019 sea el año del gran cambio en el Ministerio Público: lo merecen los fiscales, hombres y mujeres, de todo nuestro país que se atreven a luchar por la justicia.
