En cuestión la colaboración eficaz brasileña en el caso Lava Jato peruano.,Este diario ha informado que el Equipo de Fuerza de Tarea de Lava Jato y la Procuraduría General de Brasil han suspendido la cooperación judicial con el Perú, en respuesta al reclamo de la empresa Odebrecht que aduce ser perseguida a pesar de la colaboración que brinda a los fiscales peruanos. Ha revelado que, mediante una comunicación electrónica, enviada hace algunas horas, el Ministerio Público de ese país comunicó a su parte peruana que suspendía la declaración que debía prestar el exdirector de Operaciones Estructuradas de esta empresa Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, en la ciudad de Salvador de Bahía, ante los fiscales de lavado de activos Germán Juárez y José Domingo Pérez. Estas declaraciones eran cruciales en las investigaciones al expresidente Ollanta Humala y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Si esta negativa se extiende a las solicitudes de nuevos interrogatorios a Jorge Barata y a la entrega de una copia de los archivos encriptados de la Caja 2 de Odebrecht, conocidos como “Drousys” y “MyWayDay B”, otras investigaciones que comprometen a encumbrados personajes de la política y los negocios nacionales se bloquearían. A la información detallada de este diario, la fiscalía ha respondido de un modo laxo y despreocupado. El fiscal superior coordinador de Lavado de Activos y el jefe del Equipo Especial para el caso Lava Jato, Rafael Vela Barba y Hamilton Castro, respectivamente, desmintieron la intención de Odebrecht de abandonar el proceso de colaboración eficaz. Los argumentos son palabras sin evidencias como las señaladas por este diario. La fiscalía cree que todos los procesos de colaboración eficaz tienen “picos altos y bajos”, que no se encuentra entrampado y que “todo ello” es parte de un proceso normal de negociación. Los voceros de la fiscalía aseguran que existen los mecanismos legales “para superar dichos impases”. Hasta aquí, sin embargo, la declaración de la fiscalía adolece de claridad. Por una parte, afirma que el proceso avanza, pero luego se alude a problemas, a los se rotula como “todo ello”, “impases”, “negociación” y los “picos bajos” de la colaboración eficaz. Este lenguaje elíptico es, en realidad, el reconocimiento de serios problemas que requieren ser encarados. Es razonable el pedido del fiscal de la Nación cesante, Pablo Sánchez, sobre que Odebrecht debe hacer público el convenio suscrito con el Equipo Especial de la fiscalía a inicios del 2017. Además, en el lado peruano se necesita claridad respecto al papel conjunto de esa institución, que ante la parte brasileña presenta diferencias apreciables entre el Equipo Especial y las fiscalías de lavado de activos, o los problemas que ha generado el monto de casi 1.600 millones de dólares de reparación civil presentado por la procuraduría que no sabe cómo fue calculada. En tanto, haría bien la fiscalía peruana en documentarse adecuadamente respecto de las comunicaciones de la parte brasileña, antes de rebatir documentación escrupulosa que revela problemas realmente existentes.
