La justicia no parece tan ciega en el caso Humala-Heredia.,Lo peor que le puede ocurrir a un país frente a un asunto sobre el que existe una gran expectativa como, sin duda, es la corrupción, es que surja evidencia sólida de que la justicia no es tan ciega como debería ni que la balanza está bien equilibrada, tal como parece en los procesos contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ayer la justicia sorprendió por su decisión de acceder al pedido de la fiscalía para proceder a la incautación de cinco inmuebles relacionados a Humala y Heredia, incluyendo la vivienda en la que ellos viven con sus hijos, antes incluso de que el Ministerio Público haya formulado una acusación contra ellos. Este hecho es uno más dentro de una cadena en donde la arbitrariedad es el patrón de actuación de los fiscales y jueces que ven este caso. Nadie puede poner las manos al fuego por un político, y su inocencia o culpabilidad debe ser dilucidada como consecuencia de un juicio que respete el debido proceso. Eso es lo que está cada vez más en duda en los procesos a Humala y Heredia por hechos como la incautación de su vivienda cuando esta ya ha sido embargada; la demora excesiva en cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre su liberación; o una prisión preventiva por 18 meses, todo lo cual ocurre sin que siquiera el fiscal haya planteado su acusación. Seguramente habrá abogados que encuentren la manera de justificar todos estos hechos porque están dentro del marco de la ley, pero no se recuerda en mucho tiempo acosos judiciales como el que se está viendo en el caso de Humala/Heredia. Hay quienes creen que es una venganza del fiscal y del juez porque el TC desechó sus decisiones sobre la prisión preventiva, pero lo más probable es que nadie se manda a realizar tremenda desproporción si no se siente protegido por un poder político, que es lo que parece estar detrás de esta persecución a Humala/Heredia que más que judicial parece política, tal como también ha ocurrido en otros casos como, por ejemplo, en el de Fuerza Popular contra la empresa Graña y Montero. Cada juez y fiscal es autónomo, pero debe fallar según criterios estándares que permitan concluir que la justicia es igual para todos y no según el poder político que se tenga. El principal perjudicado con todo esto no es la familia Humala/Heredia, sino la lucha anticorrupción en su conjunto pues, con decisiones como las que se ven, la consecuencia más grave es que se la acaba dinamitando, algo que, sin duda, le conviene a los corruptos con más poder político.
