La Comisión de Transportes del Congreso decidirá en su próxima sesión si se volverá a analizar la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados o si se enviará al Pleno para que la apruebe por insistencia.,Legisladores de diferentes bancadas expresaron que la ley que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados no debe aprobarse por insistencia y más bien es necesario que se someta a debate. El congresista de Acción Popular e integrante de la Comisión de Transportes, Edmundo del Águila, consideró que esta ley –observada por el Ejecutivo– requiere mayor consenso que ayude a encontrar una nueva fórmula legal. PUEDES VER Ejecutivo propone nuevo proyecto sobre publicidad estatal "Debe haber una regulación, pero aprobada entre todas las bancadas que integran la comisión", afirmó. Otro integrante de este grupo de trabajo, el legislador Jorge Castro, de la bancada del Frente Amplio, sostuvo que lo adecuado sería poner topes al gasto estatal en publicidad, así como garantizar el uso adecuado de la publicidad que sea contratada, no eliminarla por completo, como propone la denominada Ley mordaza. Por su parte, el vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, opinó que sería un error aprobar por insistencia esta ley, ya que primero se debe buscar una fórmula adecuada. Y en diálogo con La República, el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, el legislador Roy Ventura, informó que en una próxima sesión se decidirá si la ley sobre publicidad estatal se volverá a analizar o si se planteará al Pleno para aprobarla por insistencia. Ventura precisó que el Ejecutivo envió un proyecto de ley alternativo sobre la materia. El legislador explicó que si la comisión aprueba un nuevo análisis de este proyecto se tendrá que trabajar otra fórmula legislativa en los próximos días. La propuesta del Ejecutivo amplía la posibilidad de contratación y no pone topes para gastar en publicidad. En tanto, el autor de la Ley mordaza, el aprista Mauricio Mulder, informó que seguirá exigiendo que su proyecto se apruebe por insistencia, pese a todas las voces que alertan de los peligros que lleva consigo. Según han explicado diversos expertos, la aprobación de la Ley mordaza atentaría con el derecho de los ciudadanos a que el Estado les informe las acciones que adopta en cualquier ámbito.