Queda claro que las operaciones de las empresas extranjeras, brasileñas y de otras nacionalidades, se han montado –con sus propias reglas y cuantías- sobre un modelo de financiamiento ilegal boyante y existente, y sobre un esquema del ejercicio del poder susceptible al dinero.,Las tres entregas de las declaraciones de Jorge Barata, ex responsable de Odebrecht en el Perú, publicada por IDL Reporteros, resumen la narrativa, mayoritaria y vigente, del papel de la empresa en el país, y no solo atribuible a una empresa extranjera. Como sucedió en algún momento con los vladivideos, su estudio es aleccionador respecto del discurso político de lo ilegal. Si entonces nos ilustraba sobre los entresijos del poder oscuro, ahora nos ilustra sobre la relación el poder y el financiamiento ilegal, su naturaleza y objetivos. Barata dice que el propósito del financiamiento a los políticos era “un tratamiento diferenciado; esperábamos ser recibidos por los gobiernos, tener posibilidades de participar en los proyectos, de ser bien vistos por los gobiernos de turno. Ese era el objetivo”. En ese punto, la empresa separaba la compra de la voluntad de los políticos con la coima, que sería una compra por proyecto. Señala que “la contratación (de una obra, se entiende) no estaba implícita al hacer la contribución de campaña, sobre todo porque las contrataciones eran hechas en niveles de gobierno, como ProInversión, que no conocían que habíamos hecho algún tipo de contribución”. El ex directivo revela las interioridades de un sistema cuya eficacia no depende de las reglas de la democracia y el servicio público, sino del dinero. El financiamiento ilegal, soborno a políticos por donde se mire, abre las puertas “para poder tener acceso a los gobiernos de turno y poder facilitar nuestra vida en el país”, “no ser discriminados y lo que nos preocupaba más es que sabíamos que había otros contratistas, de otras nacionalidades que también hacían aportes de campaña. Si tomabas la decisión de no aportar seguramente no ibas a ser percibido de forma adecuada o en igualdad de condiciones con los demás”, según Barata. Esta confesión se posa, para desmentirla, sobre una afirmación que ya lleva dos años recorriendo artículos interesados y que, palabras más o menos, indican que una empresa extranjera vino a corromper el mercado y el poder en nombre de un proyecto político. Queda claro que las operaciones de las empresas extranjeras, brasileñas y de otras nacionalidades, se han montado –con sus propias reglas y cuantías- sobre un modelo de financiamiento ilegal boyante y existente, y sobre un esquema del ejercicio del poder susceptible al dinero. Nunca la palabra “aceitar” fue empleada tan correctamente (“los integrantes de los partidos políticos conocen que todos los empresarios realizan sus aportes”). Ahora mismo, cuando se inicia la campaña electoral regional y municipal, el testimonio de Barata se aplica a la cadena de empresas, sobre todo constructoras y que venden equipos, en el sentido que anota el brasileño: “Usabas parte de tus utilidades para hacer aportes en campaña, con el objetivo de ser bien tratados”. Este año, gracias al fracaso de la reforma electoral se repetirá el cuadro descrito por él: “el aporte que nosotros hacíamos a la campaña era hecho, primero, porque entendíamos que era el papel de las empresas que participábamos en el país. Segundo, porque eso de cierta forma permitía darnos espacio y oportunidad para tener las puertas abiertas a un diálogo más fluido con el gobierno de turno. Ese era el objetivo de esas contribuciones. Hacían campañas regionales. Buscaban a veces a (los encargados de) algunas obras, y pedían algún apoyo de camionetas, de impresión de folletos, apoyo para que algunos de nuestros ómnibus que llevaba a nuestros trabajadores llevasen gente de ellos para algún mitin. Ese tipo de apoyo también ocurría”. Finalmente, el testimonio es igualmente revelador sobre el Congreso. Según Barata, “entendíamos que el Poder Legislativo también tiene un papel muy fuerte en el proceso de un país, así como el Ejecutivo. Pese a que el Legislativo en el Perú tiene un papel mucho más fiscalizador que promotor, también pretendíamos con las donaciones de campaña tener algún acceso al Legislativo”. Así se entiende que, de las 100 investigaciones parlamentarias de proyectos, ninguna haya tocado a Odebrecht. http://juandelapuente.blogspot.pe
