La hora cero. Ex funcionario que laboró durante la gestión del ex ministro humalista Carlos Paredes Rodríguez lo sabe todo del “Club de la Construcción”.,El único ex funcionario público en la cárcel por el caso del “Club de la Construcción”, Carlos García Alcázar, ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Ollanta Humala, ha expresado interés en acogerse a la colaboración eficaz según fuentes del Ministerio Público. Basándose en las confesiones del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, el fiscal Marcial Páucar solicitó la detención de García porque cumplió un papel clave en el esquema de corrupción en el que compañías constructoras organizadas, en una suerte de cartel, pagaban sobornos a funcionarios de Provías Nacional para obtener millonarias obras públicas. PUEDES VER Heredia: “Hoy me gustaría abrazar a mis hijas y recordar la valentía de muchas mujeres” Según la denuncia fiscal, los miembros del “Club de la Construcción” contaba con intermediarios vinculados íntimamente con Carlos García, quien, aprovechándose de su condición de asesor del despacho del ministerio de Transportes y Comunicaciones, contactaba con los funcionarios de las adjudicaciones de los proyectos de habilitación, mantenimiento o refacción de carreteras en todo el país, especialmente las que contaban con presupuestos superiores a los 100 millones de soles. Sin embargo, no obstante que el fiscal Marcial Páucar ha requerido la detención de al menos una decena de implicados, entre intermediarios y empresarios de la construcción, hasta el momento el único en prisión es Carlos García. El eslabón perdido García actuó como asesor del viceministerio de Transportes entre el 2 de setiembre del 2011 y el 2 de julio 2014, periodo que coincide con la gestión del ex ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Humala Carlos Paredes Rodríguez, quien estuvo al frente del despacho entre el 28 de julio del 2011 y el 23 de junio del 2014. Paredes designó a García. Desde un principio las autoridades informaron a Carlos García que estaba en posición de acogerse a la colaboración eficaz, pero en lugar de aceptarlo interpuso hasta en tres acciones judiciales para conseguir la excarcelación porque sus hijos menores de edad sufren serios problemas de salud. Por la gravedad de su implicación en el caso del “Club de la Construcción”, el Poder Judicial desestimó las solicitudes de García y ratificó su encarcelamiento, lo que ha sumido en una fuerte depresión al ex asesor del MTC. Pero en las últimas semanas Carlos García Alcázar ha consultado sobre los alcances y beneficios de una colaboración eficaz, lo que indicaría que finalmente ha decidido cooperar con las autoridades con información sobre los funcionarios del MTC que fueron parte de la conspiración para adjudicar millonarias obras públicas a los miembros del corrupto “Club de la Construcción”. El fiscal del caso cuenta con varios nombres de funcionarios del MTC relacionados con el caso, en particular del periodo del ex ministro Carlos Paredes, pero requiere de la colaboración de García para confirmar los datos que primero entregó Jorge Barata. Carlos Paredes ha negado haber escuchado sobre el “Club de la Construcción” durante su gestión e incluso sobre los pagos de sobornos a funcionarios de su administración revelados por el ex representante de Odebrecht en el Perú. Vínculos con el nacionalismo No es la primera vez que el ex ministro es mencionado en una investigación de la Fiscalía de Lavado de Activos. Un colaborador eficaz del caso seguido contra la ex primera dama Nadine heredia informó que el hermano de Carlos Paredes Rodríguez, José Paredes Rodríguez, intercedió para que la empresa Apoyo Total supuestamente fraguara contrataciones de asesorías a Heredia para justificar sus ingresos. Acabado el nacionalismo, se quedó sin contratos La denuncia del fiscal Germán Juárez indica que José Paredes habló con el gerente de Apoyo Total, Eduardo Sobenes Vizcarra, para inventar un presunto servicio prestado por Nadine Heredia a la mencionada empresa. Sobenes es accionista de Peruana de Vigilancia y Protección (PVP), de José Paredes, hermano del ex ministro Carlos Paredes. La Fiscalía de Lavado de Activos no ha pasado por alto que PVP contrató con el Estado durante el periodo de gobierno de Humala (2011-2016). Según el Registro de Proveedores el Ministerio de Economía y Finanzas, en 2011 PVP facturó a entidades gubernamentales 2.42 millones de soles; en 2012 se elevó a 2.48 millones y en 2013 registró 1.52 millones de soles. Terminado el gobierno de Humala, en 2017 solamente facturó 1,168 soles, además de afrontar deudas coactivas con Sunat y afronta problemas con el pago del seguro social.
