La abogada del área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal, Maritza Quispe, aseguró que el estado de emergencia decretado en Cotabambas, Apurímac, en agosto del 2017 es inconstitucional.Hasta hoy, dirigentes y autoridades de Cotabambas piden que se levante ese estado de emergencia.“(En) la zona donde se declaró estado de emergencia no existió un hecho habilitante, es decir, perturbación de la paz social del orden interno que ponga en peligro a la nación, como lo establece el artículo 137 de la Constitución”, dijo Quispe.En diálogo con Ideeleradio la especialista explicó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) decretó estados de emergencia en los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara, de Cotabamba, en base a informes emitidos por la Policía Nacional, que indicaban que se realizarían movilizaciones o protestas sociales en contra de actividades mineras.“Este decreto supremo violó los derechos fundamentales a la libertad de reunión y de tránsito de esa población”, explicó Quispe. Por ello, las organizaciones del distrito de Challhuahuacho interpusieron una demanda.En esa zona está ubicado el proyecto minero Las Bambas, de propiedad del Consorcio MMG Las Bambas, cuya explotación se inició el 2015.La Presidencia del Consejo de Ministros informó que ha propuesto iniciar el diálogo con dirigentes de Challhuahuacho el 22 de este mes.Por su parte, el presidente de Frente de Defensa de Challhuahuacho, Vitalín Huillca, explicó que el estado de emergencia no contribuye a concretar el diálogo.❧
