Investigación formalizada. Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA y sus representantes responderán en juicio por pagos ilícitos al ex presidente. Fiscalía los acusa de colusión y lavado de activos. G&M se allana a investigación.,Llegó el turno de los socios peruanos de Odebrecht. Tras nueve meses de una investigación preliminar reservada, en fase de corroboración de las declaraciones de Jorge Henrique Simoes Barata, el caso Lava Jato en el Perú sigue creciendo. Ayer, el Equipo Especial del Ministerio Público informó, a través de un video, que el lunes último dispuso la ampliación de la investigación preparatoria contra las empresas Graña y Montero S.A, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA) y JJ Camet Contratistas Generales S.A y sus representantes. PUEDES VER Graña y Montero saluda investigación preparatoria que le abrió la fiscalía Además, las pesquisas alcanzarán a los representantes legales de dichas empresas José Alejandro Graña Miró Quesada, Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, José Fernando Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Graña Acuña. Investigación La investigación preparatoria es por delitos de colusión agravada y lavado de activos. Estos delitos tienen penas de hasta 15 años de prisión, por lo que los investigados se exponen a condenas de 30 años de cárcel. Según la disposición fiscal N° 19, los representantes de las constructoras tuvieron conocimiento, aprobaron y participaron en el pago ilícito de US$ 20 millones que Odebrecht hizo al ex presidente Alejandro Toledo, entre el 2006 y el 2010. Al lado de Odebrecht, las constructoras peruanas G&M, ICCGSA y JJ Camet, integraron los consorcios Conirsa e Interoceánica Sur tramo 2 y 3 que, junto a la constructora Odebrecht, se adjudicaron los contratos para la construcción y mantenimiento de la vía Interoceánica. La investigación comenzó en marzo, luego de que los fiscales recibieron la declaración de Jorge Barata, al acogerse a la colaboración eficaz. El ex superintendente de Odebrecht declaró que comunicó a José Graña, presidente de G&M, a José Castillo, director de ICCGSA, y a Fernando Camet, presidente de JJ Camet, de sus tratos para hacerse de la licitación de la Interoceánica Sur, a cambio de un pago ilícito al ex presidente Toledo. Barata puntualizó que Graña, Castillo Dibós y Camet Piccone aceptaron pagar las comisiones ilícitas. Afirmó que explicaron que sus empresas asumirían lo que les correspondía en el pago de las coimas, a través del reparto de utilidades. Las utilidades Luego de recibir la declaración de Barata, los fiscales realizaron una serie de diligencias que permitieran corroborar su dicho. En esta etapa y en diversas fechas recibió de Odebrecht documentos sobre el reparto de utilidades, se realizaron peritajes y se requirió diversa información bancaria. Esto permitió establecer, tal como declaró Barata, que en junio del 2011 los consorcios acordaron aportar S/41.499.688,35 equivalente a US$ 15.083.805,24, de los montos reales que les correspondía de utilidades, para cubrir los pagos a Toledo. “Graña y Montero cedió US$ 6.219.627,15; JJC Camet US$ 5.641.151,70; e ICCGSA US$ 3, 223,026.39” para cumplir con el acuerdo. Estos montos se pagaron bajo el rubro de reconocimiento de riesgos adicionales a Odebrecht. La Fiscalía precisó que Sociedad de Auditoría Pricewaterhouse Coopers, que examinó los estados financieros de las referidas constructoras, no realizó observaciones a este inusual reparto de utilidades, que no estaban previstos en los cierre contables de los años 2006 al 2011. En la tarde, la empresa Graña y Montero anunció que se allanarán a las investigaciones de la Fiscalía y no protegerá a ninguno de los implicados. Procuraduría retira apelación sobre exclusión de Barata Tras el anuncio de la Fiscalía de ampliar la investigación preparatoria contra los representantes de las consorciadas de la empresa Odebrecht, el procurador Ad Hoc del caso “Lava Jato”, Jorge Ramírez, decidió retirar la apelación que presentó el martes contra la exclusión en las investigaciones del ex directivo de la constructora brasileña Jorge Barata. “Estamos presentando un pedido de desistimiento a la apelación que presentamos porque las consorciadas de la empresa Odebrecht serán investigadas por colusión y lavado de activos”, señaló. El titular de la Procuraduría especial para el caso de corrupción más grande de los últimos años reiteró que la intención de su despacho siempre ha sido incluir a las consorciadas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A como terceros civiles responsables.
