
Una Constitución es un documento que debería cambiar muy poco, ya que sobre ella se construye todo el aparato del Estado que asegura la estabilidad institucional. Los cambios, si ocurren, deberían ser escasos y pensados para el muy largo plazo. Si hablamos del régimen económico de la Constitución, este tendrá un fuerte impacto sobre la inversión de largo plazo, que es la que determinará el futuro del país. Por eso, incluso la discusión sobre la permanencia o no de un artículo constitucional puede tener importantes consecuencias. La inversión de largo plazo requiere reglas de juego estables; cuando no las hay, cae dramáticamente.
En el pasado reciente, hay quienes han argüido en favor del cambio de la Constitución, especialmente de su régimen económico. Es más, ese parece haberse convertido en el principal objetivo de gran parte de la izquierda en el Perú, comenzando por Juntos por el Perú (JP). Aprovechando la sensación de insatisfacción de buena parte de la población, resulta fácil para la izquierda pretender culpar de esto a la Constitución. Total, cuando tanto anda mal, ¿debe de ser culpa de la Constitución?
Por supuesto que no. Antes de entrar en una discusión sobre mi opinión respecto de qué es lo que ocasiona los grandes problemas del Perú y cuáles son las virtudes de la actual Constitución, convendría preguntárselo directamente a los peruanos. ¿Cómo hacerlo? Afortunadamente, una reciente encuesta de IPSOS nos ha ahorrado el trabajo.
IPSOS le preguntó a una muestra representativa de peruanos en los ámbitos rural y urbano cuál creían que era la principal causa de los problemas del país. La pregunta se hizo para cuatro ámbitos: seguridad ciudadana, educación pública, salud pública y obras de infraestructura pública. Solo entre 7% y 11% respondió que el principal problema era la Constitución. La gran mayoría, acertadamente, atribuyó la causa a problemas de gestión —ocasionados por la autoridad o la administración pública, con aproximadamente dos tercios de las respuestas— y, en menor medida, a las leyes vigentes.
Para resolver el problema de desconocimiento de la Constitución, IPSOS preguntó a los encuestados si estaban muy de acuerdo, parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo o muy en desacuerdo con ciertas afirmaciones. En estas afirmaciones se usó un lenguaje muy próximo al usado en los ocho artículos del régimen económico de la Constitución. Cuando fue necesario, se dividió cada artículo en más de una afirmación para simplificarlo, pero siempre se mantuvo su sentido. El resultado fue que todas las afirmaciones fueron apoyadas por al menos dos tercios de los encuestados, con máximos de más de cuatro quintas partes y un promedio de tres cuartas partes.
También se preguntó por algunos artículos que no forman parte de los ocho artículos del llamado régimen económico de la Constitución, pero que sí tienen importancia económica, como la inviolabilidad de la propiedad, las reglas de expropiación o el régimen de concesiones del Estado. Todas las afirmaciones recibieron también el apoyo mayoritario de los encuestados.
¿Qué nos dice esto? Que, si se pregunta al público objetivamente y punto por punto, este se encuentra abrumadoramente a favor del régimen económico de la Constitución y también a favor de los artículos con importantes implicancias económicas. Es decir, es un mito de la izquierda que la mayoría de los peruanos quiere cambiar la Constitución, por lo menos en lo que concierne a sus aspectos económicos. Es fácil hacer declaraciones grandilocuentes y falsas sobre un tema confuso y difícil de comprobar. Pero resulta que, con un poco de esfuerzo, se pueden poner las cosas en claro.
Todo esto nos lleva a considerar las tremendas contradicciones del plan de gobierno 'suavizado' que Juntos por el Perú presentó para la segunda vuelta. Como fue hecho entre gallos y medianoche para intentar hacer más potables algunas de las mayores barbaridades del plan de la primera vuelta, no extraña que las contradicciones entre ambos hayan quedado en evidencia.
La mayor contradicción es esta: al comienzo del nuevo plan, en las Consideraciones Generales, se afirma que 'Mantendremos una política de estabilidad económica' porque 'Tenemos bien claro que: Un país que pierde la estabilidad termina debilitando a sus familias, sus regiones y su futuro.' (las letras en negrita aparecen así en el original). Sin embargo, unas páginas después, la primera de las '5 grandes dimensiones del cambio' (negrita en el original) es 'una Nueva Constitución'. ¿Cómo se puede prometer una política de estabilidad económica y una Nueva Constitución a la vez? Es una locura. Si creen que el cambio constitucional es necesario para el progreso de largo plazo del país, que lo digan. Pero que reconozcan que eso traerá necesariamente inestabilidad económica, en el mejor de los casos, por algunos años.
Otro aparente desliz, para quien no se haya puesto nervioso con el plan, es que, en la misma página en que anuncian la Nueva Constitución, se afirma que: 'Ganar el gobierno es solo el primer paso. Los grandes cambios se logran con la fuerza del pueblo organizado, en las calles' (negrita en el original). El mismo fraseo de los regímenes bolivarianos de las dos primeras décadas del siglo.
Volviendo al tema de la Constitución, son falsas las acusaciones de que ignora a los más débiles. Artículo 59: 'El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve a las pequeñas empresas en todas sus modalidades'. También es falso que favorezca a los monopolios. Artículo 61: 'El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios.' Lo mismo ocurre con la idea de que no protege a los consumidores. Artículo 62: 'El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios.' Y añade: 'Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.' La Constitución tampoco ata de manos al Estado. Artículo 58: 'El Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.'
En lugar de seguir con más ejemplos, invito a los lectores a leer por sí mismos los ocho artículos del régimen económico. Bastan menos de 3 minutos para leerlos: un artículo tiene una línea de extensión, dos tienen dos líneas, dos tienen tres líneas, dos tienen cuatro líneas y uno tiene seis líneas. Quizás sería una buena tarea de educación cívica para los estudiantes de quinto de media, para que sepan por sí mismos qué es lo que dice la Constitución y no caigan en el juego de quienes inventan enemigos invisibles.





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