De La Oroya. Economista y profesor de la Universidad del Pacífico y Doctor en Finanzas de la Escuela de Wharton de la U. de Pennsylvania. Pdte. del Instituto Peruano de Economía, Director de la Maestría en Finanzas de la U. del Pacífico. Ha sido economista-jefe para AL de Merrill Lynch y dir. gte gral. ML-Perú. Se desempeñó como investigador GRADE.

Petroperú

¿Una salida viable para Petroperú?, por Miguel Palomino

Sin una reestructuración profunda y una conducción técnica, Petroperú nos seguirá trasladando sus pérdidas.

¿Una salida viable para Petroperú?, por Miguel Palomino hnews

La República

Durante las elecciones del 2021 hubo muchos temas de fundamental importancia para el país de los que, en la práctica, se dejó de hablar por la magnitud de la crisis impuesta entonces por la pandemia. Eran temas que se dejaron para más adelante, pero que nunca se retomaron, salvo para empeorarlos.

Entre estos temas se encuentran la educación y la salud, que no deberían verse con una óptica de izquierda ni de derecha. En ambos casos, la pandemia detuvo cualquier discusión sobre reformas críticas, aun cuando la misma crisis nos mostró lo vulnerable que era nuestro país en estos dos campos. En salud, todos los peruanos recordamos la ausencia de camas y de oxígeno, y el caos generado por las malas decisiones que llevaron a que el Perú fuera el país con la mayor mortalidad del mundo. Se estima que el número de peruanos que murieron en exceso durante este caos fue de aproximadamente 220.000. Es una cifra monstruosa que nos muestra el costo de hacer mal cosas tan importantes. En educación, los niños peruanos fueron de los que más sufrieron en el mundo por la pandemia, tanto en términos de días perdidos sin colegios como por la pérdida de logros en matemáticas y lenguaje.

Desde la pandemia, el Estado peruano ha mostrado total incapacidad para hacer algo en beneficio de sus ciudadanos en estas dos funciones prioritarias del Estado y, de paso, tampoco en seguridad ni justicia. Entre el 2019 y el 2025, la satisfacción de la población con los servicios médicos públicos cayó de 45% a 30%, y la satisfacción con las escuelas públicas pasó de 31% a 24%. Ambos indicadores están en su nivel más bajo desde que se tiene registro. En 2012, por ejemplo, la satisfacción con los servicios médicos era 48% y, con las escuelas públicas, 54%.

Lo sorprendente es que, entre 2019 y 2025, el gasto del sector Salud creció 75%, mientras que el gasto del sector Educación creció 66%. Así, aunque el gasto anual en educación aumentó en 19.000.000.000 de soles y el gasto anual en salud aumentó en casi 14.000.000.000 de soles, aparentemente no se logró ninguna mejora, por lo menos en la percepción de los usuarios. Recordemos, además, que resulta una verdad de Perogrullo decir que las condiciones de la salud y la educación públicas se han venido deteriorando en los últimos años. Tanto es así que SuSalud dejó de medir la satisfacción de los pacientes para no avergonzarse.

Claramente, los recursos públicos no se están utilizando adecuadamente, lo cual no sorprende porque no ha habido ninguna política de salud ni de educación en los últimos años. ¿Alguien puede decir cuáles son, o eran, los principales objetivos operativos en salud y en educación? ¿Siquiera se ha hablado de ello? Con la inestabilidad de ministros y viceministros, el único interés que se persiguió consistentemente fue el de aumentarles el sueldo a los trabajadores del sector. Entre el 2019 y el 2025, las remuneraciones en el sector Salud aumentaron 58% y, en el sector Educación, 70%, lo que puso enormes presiones sobre el presupuesto nacional, presiones que se tornan permanentes.

Veamos el caso de la educación. La educación efectiva se paga sola: los aumentos en productividad que ocasiona son el motivo por el cual la educación pública se practica en todo el mundo. Todos apoyaríamos un fuerte aumento de sueldo a los maestros si este estuviera dirigido a quienes lograran mejores resultados para nuestros niños; pero no ha habido ni siquiera una pretensión de relación entre aumento y calidad de la enseñanza. El gobierno de Castillo se encargó de eliminar todo vestigio de meritocracia en la educación. Con un maestro en Palacio, cualquier mejora basada en medir, por ejemplo, la capacidad de los maestros era rechazada por el Prosor y sus aliados, entre ellos el presidente Balcázar. Es más, se aprovechó para nombrar permanentemente personal que no había pasado por filtro alguno. Lo cierto es que se malgastaron recursos que podrían haberse utilizado mejor en cualquier programa que incentivara la mejora en la docencia. Se aumentó 70% a todos los docentes en los seis años en que los niños peruanos recibieron menor y peor educación.

En mi anterior columna expliqué cómo, a nivel internacional, estaba claro el camino a seguir con respecto al aseguramiento de salud. Por supuesto, los detalles no son fáciles, pero contamos con especialistas que lo pueden hacer y cualquier esfuerzo serio en la dirección correcta es un claro avance que podrá perfeccionarse. Pero también dije que nada de esto sería posible si, por ejemplo, la salud se entrega al aliado político de turno que no tiene otro objetivo que lucrar.

Las nuevas elecciones deberían llevarnos a pensar seriamente en cómo lograr que los aproximadamente 80.000.000.000 de soles que gastamos todos los años en educación y salud pública sean mejor utilizados. Sabemos que no se puede lograr un gran cambio en un corto periodo, pero al menos enrumbarnos en la dirección correcta es más de lo que se ha intentado hacer en los últimos seis años y es lo más valioso que se puede hacer.

Cualquier partido político debería contar con un pequeño equipo de especialistas en salud y educación que le permita señalar las grandes directrices de política sectorial que planteará en su gobierno. Es más, si así no fuera, deberíamos exigirlo para evaluarlas al momento de votar. Eso es lo que debería ser nuestra mayor preocupación cuando está en juego el futuro de nuestro país. No tiene sentido prestar mayor atención a las promesas de construcción de colegios u hospitales cuando no nos han explicado qué piensan hacer con ellos una vez que existan. En la construcción de obras es donde están los intereses. La mejora de los servicios es más importante, pero, en vez de plata, solamente da una población más feliz y satisfecha.

Lo que he planteado aquí para las políticas de educación y salud se puede extender a cualquier otro sector, si bien estos pueden resultar más controversiales. Que los gobiernos, y antes que eso los candidatos, deben pensar y explicarnos qué harán, qué objetivos priorizarán. Que nos muestren que saben que el dinero público sí cuesta y que hay que pensarlo bien antes de gastarlo. ¿Cómo van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que son quienes los mantienen a ellos y a su presupuesto de cerca de 270.000.000.000 de soles que les hemos confiado?

Con semejante presupuesto, cualquier equipo de gobierno, aunque sea semidecente, podría plantear objetivos claros y realistas que verdaderamente pongan primero el servicio al ciudadano. El estado de las cosas en estos sectores es tan precario y está tan mal diseñado —incluso en comparación con países vecinos— que no hacen falta reformas demasiado sofisticadas o novedosas. Apenas un puñado de sentido común, algo de valentía y una pizca de visión. Tampoco es tanto pedir.

Miguel Palomino

Las reformas que la pandemia dejó atrás, por Miguel Palomino

Ahora que ya pasó la primera vuelta podemos comenzar a preocuparnos más sobre temas importantes sobre los cuales en lo fundamental no deberían existir diferencias ideológicas. Entre estos temas está la salud. No hay salud de izquierda ni salud de derecha.

La salud pública es un clásico caso de externalidades, es decir que los beneficios de una actividad no son plenamente percibidos por el mercado y, por lo tanto, el mercado por sí solo no logra ofrecer una suficiente provisión del servicio. Como tal, requiere por lo menos una coordinación extra-mercado, lo cual justifica algún grado de intervención estatal. Puede haber diferencias en cuanto a si será mejor que la provisión de la salud sea mayoritariamente pública o privada, pero debe haber por lo menos acuerdo en qué mecanismos son los más efectivos para tener a una población más sana.

Existen serios problemas con la salud pública y generalmente éstos no surgen por casualidad; usualmente alguien se beneficia de que así sean las cosas. Veamos algunos principios básicos que se deben seguir. En primer lugar, está el dicho: “Más vale prevenir que curar”. Es mucho más costo efectivo que los recursos de salud se utilicen en la prevención que en la curación. Esa es la lógica de las vacunas, por ejemplo. Extendiendo solo un poco la lógica, es mucho más costo efectivo curar a un enfermo antes de que éste se ponga grave. En la práctica, esto quiere decir que los centros de atención primaria (CAP), que son la puerta de entrada de todo sistema de salud del mundo, deberían tener prioridad sobre la atención especializada y deben ser mucho más numerosos y de fácil acceso para la población. Esto es contrario a la tendencia existente desde la pandemia, cuando se cerraron o dejaron sin personal a muchos CAP.

Cuando el CAP detecta un caso que está más allá de sus posibilidades de atención, entonces debe derivar al paciente a un centro de atención especializada. Por supuesto, para que este proceso funcione razonablemente bien (y siempre habrá errores) el personal y equipamiento del CAP deben ser los adecuados. Se puede discutir cuántos niveles de especialización debe haber, pero es bajo esta lógica de menor a mayor complejidad que debe operar el sistema.

Atender bien a los pacientes es una cosa, pero otra es quién debe pagar los costos de atención. Existen motivos, fuera de los humanitarios, para argüir que por lo menos parte de los gastos de atención médica sean asumidos por el Estado, siguiendo la lógica de las externalidades mencionadas arriba (ojo, esto quiere decir que lo pagamos con nuestros impuestos o contribuciones). Pero también es claro que por lo menos parte de los gastos deberían ser pagados por los pacientes, sea directa o indirectamente, porque cuando un servicio es gratuito éste es consumido en exceso.

A nivel internacional, en general se parte del principio que debe haber por lo menos dos partes involucradas en la atención del paciente: el prestador de servicios y el que asegura y financia los servicios. Esto puede ser hecho de diversas maneras, pero en salud usualmente quien se encarga del aseguramiento y financiación debe actuar como una compañía de seguros (aunque sea el Estado quien cumpla este rol) mientras que quien presta los servicios es un médico o un hospital.

Definir el mecanismo de pago que prevalecerá es fundamental para la bondad del sistema ya que con él se determinarán todos los incentivos de los diferentes participantes del sector salud. Lo usual internacionalmente es que quien se encargue de financiar al prestador de los servicios le pague una cantidad pre acordada por el tratamiento, con lo cual le “transfiere” el riesgo del tratamiento al prestador de servicios. La cantidad pre acordada se establece por el costo promedio de atender a un paciente con determinado diagnóstico. Esto requiere mucho esfuerzo.

Para no ocasionar incentivos perversos, como muchos de los que existen hoy en el Perú, se deben de tomar medidas preventivas importantes. Veamos un ejemplo. Si a un prestador de servicios se le paga una cantidad fija por un paciente, tendrá incentivos a reducir costos haciendo menos exámenes que lo ideal, usando tratamientos y medicinas más baratos aunque sean inferiores, acortando el tiempo del médico con el paciente o dándolo de alta antes de tiempo. Esto, llamado “subatención”, se puede dar porque el paciente con frecuencia no sabe bien qué tiene ni cuál es el tratamiento adecuado (lo que se llama “asimetría en la información”).

La solución a este problema es que el asegurador y financiador del servicio debe asegurar la revisión de otros números claves que pondrían en evidencia si el prestador del servicio está “subatendiendo”. Por ejemplo, ver la frecuencia de recaída o el tiempo de permanencia del paciente nos indica, por lo menos probabilísticamente, la existencia de subatención y con un gran número de pacientes la información es bastante exacta.

Cuando el sector privado opera en un marco competitivo las cosas mencionadas suceden. Hay personas con conocimientos especializados velando porque los diagnósticos sean acertados y los tratamientos correctos y así gana más el asegurador tanto por reducir los costos como por ganar la preferencia de los clientes. El problema es que el sector privado solo atiende alrededor de cinco por ciento de la población, usualmente los más pudientes.

La gran mayoría se atienden o por Essalud, que atiende a cerca de un tercio de la población (que está asegurada porque cuentan con la fortuna de ser trabajadores formales), o por el Ministerio de Salud (Minsa-SIS) que atiende al resto de la población. Essalud y el Minsa-SIS son a la vez financiadores y prestadores del servicio, lo cual no tendría problema si las dos partes estuvieran claramente separadas en términos de diseño y funcionalidad. Pero esto no es así.

En la práctica, los presupuestos que reciben las áreas de prestación de servicios son básicamente los históricos y no hay relación con los servicios que se están prestando. Además, y esto es un problema aparte, el presupuesto del Minsa es groseramente insuficiente para atender a los cerca de 25 millones de peruanos que le fueron súbitamente asignados hace unos años con la creación del SIS. Cuando a esto se le agrega la subatención a la que me referí líneas arriba y las deficiencias en la administración de recursos, vemos que el presupuesto destinado a financiar los seguros públicos de salud es cualquier cosa menos lo que debería ser.

Mientras no se haga un esfuerzo serio por ordenar el gasto en salud, asignando el presupuesto debido a los CAP, tecnificando el pago por servicios prestados y controlando la subatención, no será posible ni siquiera saber quiénes están bien o mal atendidos. Esto no se logra entregando la salud pública al aliado político de turno para que tenga a su disposición un presupuesto anual de más de 32.000 millones de soles.

La inseguridad de tu seguro médico, por Miguel Palomino

La semana pasada el Congreso aprobó tres normas que significan un incremento anual de por lo menos 15,000,000,000 de soles de gasto al presupuesto nacional. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto de 2026 bordea los 258,000,000,000 de soles. Son cifras enormes, difíciles de entender, pero lo importante es que el ciudadano promedio sepa cuánto gasta el Estado anualmente y lo contraste con qué tan satisfecho está con los servicios que le brinda.

La brecha es enorme y creciente. En 2012, la satisfacción con los servicios centrales del Estado promediaba 52%; hoy es apenas 28%, pese a que el presupuesto público se ha triplicado en esos 14 años. El dinero público en la actualidad se malgasta de una manera infame. Y no es que en el 2012 se gastara muy bien.

Lo que nos deja en claro es que estas cifras gigantescas de gasto y la posibilidad de gastar más atraen a muchas personas profundamente inadecuadas para tomar decisiones tan importantes. No sorprende que tengamos tantos partidos, movimientos y candidatos. ¿Se imaginan estar en la posición de poder gastar en quien se les antoje? ¡Un Papá Noel siempre listo para gastar en sus “amigos” porque, total, a él no le cuesta!

Cuando alguien puede gastar sin que le cueste, los controles sobre el gasto deben ser especialmente estrictos. Pero cualquier control que se ponga, siempre va a ocasionar ineficiencias. Rara vez el peso de la función pública compensa el sistema de incentivos ineficientes de la función pública. Por eso es por lo que, realistamente, el Estado debe dedicarse a sus funciones esenciales y dejar lo demás al menos imperfecto sector privado. No hay nada de ideología en esto. Simplemente el sector privado es, en promedio, más eficiente que el sector público porque usualmente tiene mejor alineados los incentivos para operar.

Ahora bien, el Congreso, el artículo 79 de la Constitución dice: “Los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público, salvo en lo que respecta a su propio presupuesto”. Eso es todo, no hay otro artículo que discuta el tema de iniciativa de gasto por el Congreso. No hay ambigüedad. Sin embargo, pese a lo fácil que resulta de entender, el Tribunal Constitucional (TC) del 2020, interpretó -por 4 votos contra 3 -que lo que la Constitución realmente quería decir era que el Congreso no tenía iniciativa de gasto por el año en curso, pero que, en ciertas circunstancias, podía tenerla para años posteriores. Esto llevó, en la práctica, a que el Congreso diera rienda suelta para iniciar un festival de gastos.

A los que tenemos algunos años nos recuerda a la “ley de interpretación autentica” que hizo el Congreso dominado por los fujimoristas en 1996, que permitió a Fujimori postular a la presidencia el 2000. En ese entonces, el TC intentó oponerse a tan antojadiza interpretación, pero el Congreso destituyó a tres de sus miembros y así no se alcanzaron los votos para declarar inconstitucional a la ley. Parecería que el ejemplo de lo que pasó con los magistrados de entonces sentó precedentes nefastos. El TC de hoy, que ha cambiado totalmente, probablemente aclararía las cosas si alguien se lo pidiera, así por lo menos lo han dado a entender con diversas declaraciones. Pero el Ejecutivo, hipotecado al Congreso, ya anunció que no mandaría al TC ninguna iniciativa de gasto del Congreso.

En todo caso, cualquiera hubiera podido prever que nuestro Congreso empezaría inmediatamente a aumentar el gasto a futuro de forma descontrolada. Incluso partidos que en su campaña dicen estar a favor de la estabilidad económica y a favor de cumplir las metas fiscales, como Alianza Para el Progreso, Renovación Popular y Fuerza Popular, votaron todos a favor de las tres normas por un gasto adicional de 15 mil millones de soles. No hubo ni un congresista con la decencia de oponerse a ninguna de las tres iniciativas. Fue una goleada de entre 82 y 95 a cero.

Frente a un Congreso desbocado, solo el TC puede aclarar las cosas de manera que la iniciativa de gasto del Congreso sea por lo menos severamente restringida. Si no se corrige esta interpretación y se declaran inconstitucionales las normas dadas por el Congreso en exceso de sus facultades, el Perú va aceleradamente en la dirección de déficits fiscales enormes y un nivel de deuda insostenible. Esa es una espiral bastante conocida en el Perú y salir de ella la última vez nos costó muchísimo.

Ahora bien, el TC es elegido por el propio Congreso por un periodo de cinco años, que dura aproximadamente lo mismo que el Congreso (lo cual es una mala idea, pero con eso tenemos que vivir por ahora). Los magistrados del TC no pueden ser reelegidos. Entonces, estrictamente hablando, los magistrados son independientes del Congreso de hoy, por lo cual sería un acto de enorme patriotismo que de una vez por todas aclare que una pieza fundamental del equilibrio macroeconómico en el Perú es el artículo 79 de la Constitución. Este debe ser interpretado a la luz de todo el resto del texto constitucional, que aboga por la importancia de la estabilidad macroeconómica para el progreso del país

La meta fiscal para el próximo año es lograr un déficit de 1,4% del PBI, lo cual es risible. En ninguna circunstancia plausible podremos alcanzar esa cifra. Basta con decir que los 15 mil millones de soles que se han sumado al gasto todos los años son justamente equivalentes a 1,4% del PBI. ¡Es decir, si los consideramos deberíamos tener el resto del presupuesto en equilibrio entre ingresos y gastos! Y eso no ocurrió ni siquiera en 2025, un año muy favorable: crecimiento económico, ingresos fiscales extraordinarios por factores no repetibles y alta recaudación minera por precios altos de los minerales.  Aun así, el déficit fue de 2,2% del PBI.

Mirando hacia adelante, en el mejor escenario los ingresos fiscales del 2027 serían similares (en términos del PBI) a los del 2025. Para alcanzar el equilibrio con los mismos gastos (más 15 mil millones) necesitaríamos reducir los demás gastos en aproximadamente 30,000,000,000 de soles. Esto es igual a casi todo el presupuesto 2026 del sector Salud. ¡Es inaudito! Además, no estamos considerando el gasto ya anunciado en compra de aviones (en total cerca 1% del PBI), lo que se le acabe dando a Petroperú ahora que se tendrá una “visión nacionalista” (es decir, ocultar el robo sistemático en la empresa), ni las nuevas ideas que se le puedan ocurrir a este y al próximo Congreso.

Solo el TC tiene la autoridad para ponerle fin al dispendio del actual Congreso, que ya se asemeja a una hora loca descontrolada. Solo así podemos retornar a una senda de gasto que no acabe en el desastre. De lo contrario, el desorden fiscal terminará pasando una factura carísima que, como siempre, no pagarán quienes hoy deciden, sino todos los peruanos, con falta de empleo, ausencia de futuro y mayor pobreza.

Miguel Palomino 30-03

La hora loca del Congreso, por Miguel Palomino

Cuando me disponía a escribir esta columna, nuestro país dio uno de esos vuelcos que son cada vez más frecuentes y convirtió en esencialmente irrelevante la problemática sobre la que iba a escribir. Desde que tengo uso de razón, Perú ha dado vuelcos con resultados inesperados en los cuales nadie parece saber para quién trabaja.

Desde el golpe en 1968 del general Velasco contra Belaunde, que resultó en que en las elecciones de 1980 se volviera a elegir al mismísimo Belaunde, quien hasta algunas semanas antes de la elección se esperaba que perdiera ante el candidato del APRA. Belaunde armó tal desastre en su gobierno que en 1985 le sirvió en bandeja la presidencia al APRA, entonces liderado por Alan García de 35 años. Su juventud quedó en evidencia en su desastrosa presidencia, en que sumió al país en la peor crisis de la historia, incluyendo más de dos millones por ciento de inflación en cinco años y una terrible guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA. Luego, en 1990, un desprestigiado García apoyó a Fujimori, quien enarbolaba la bandera del “no shock”, contra Vargas Llosa, quien decía que aplicaría una terapia de shock como única salida a la crisis. Increíblemente ganó Fujimori, quien hasta semanas antes de la elección candidateaba nada más que para aumentar sus chances en el Senado. Fujimori rápidamente se deshizo de todo su entorno y aplicó el tremendo Fujishock, seguido de otras medidas que funcionaron muy bien y en pocos años Perú crecía fuertemente, se terminó con la, hasta entonces, imbatible inflación y se ganó la guerra a Sendero Luminoso y al MRTA.

Claro que para hacer esto, Fujimori dio un golpe el año 1992, para eliminar a la oposición y asegurarse todo el poder. Bajo presión, se convocó a elecciones para una asamblea Constituyente en 1993 y a una general en 1995, que Fujimori ganó fácilmente. Pero el poder ciega y un Fujimori crecientemente autocrático y de la mano de Montesinos, se lanzó a una ilegal tercera campaña presidencial en el año 2000 contra su rival, el ex alcalde de Lima, Alberto Andrade. Pero quien sorprendentemente le hizo la pelea fue Alejandro Toledo. Tras una cuestionada segunda vuelta, Fujimori se hizo de la presidencia, pero no duró ni cuatro meses hasta que fue destituido por el Congreso haciendo uso por primera vez de la “incapacidad moral permanente”. Luego de un corto periodo de transición a cargo, por primera vez, de quien fuera presidente del Congreso, ganó las elecciones del 2001 el mismísimo Alejandro Toledo quedando segundo Alan García. Toledo completó su periodo con relativo éxito, acompañado de un gabinete generalmente profesional, pero sus defectos personales fueron crecientemente visibles y su popularidad cayó en su peor momento hasta un dígito. Aunque se habló de vacancia, esta no tuvo nunca gran apoyo político.

Para demostrar los vuelcos que da el Perú, la elección de 2006 la ganó Alan García, quien venció a, un hasta entonces desconocido, Ollanta Humala. García aprendió de sus errores anteriores e hizo un gobierno diametralmente distinto al anterior. Como su gobierno coincidió con un periodo favorable en los precios de los minerales, la economía respondió muy positivamente a las políticas del gobierno y su periodo fue el de mayor crecimiento económico y mayor caída de la pobreza en el Perú. En medio del auge, muchos peruanos que vivían fuera retornaron al Perú. García terminó su periodo con una popularidad de más de 40% y un sólido respaldo en el Congreso.

En la elección del 2011, Ollanta Humala, después de moderar su discurso, derrotó a Keiko Fujimori. Venció el “agua sí, minas no” y como esto coincidió con el fin del ciclo de precios favorables de los minerales, la paralización de importantes proyectos resultó en una moderación del crecimiento. Humala terminó su mandato con una economía desacelerándose, pero al igual que García, nunca tuvo menos de 25% de popularidad.

En la elección de 2016, la segunda vuelta no tuvo a ningún candidato de izquierda y Kuczynski terminó imponiéndose con las justas sobre Keiko Fujimori, pero el partido de Fujimori alcanzó una mayoría absoluta en el Congreso. El obstruccionismo de la mayoría del Congreso marcó al gobierno de Kuczynski. En vísperas de su segundo intento de destitución por “incapacidad moral” Kuczynski renunció en 2018. Su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, ocupó el cargo de presidente y el conflicto con el Congreso culminó con la disolución de este, amparada por las Fuerzas Armadas y validada por el Tribunal Constitucional. El nuevo Congreso elegido eventualmente terminó destituyendo al presidente Vizcarra, nuevamente por “permanente incapacidad moral”.

Estos cinco años marcaron el inicio del conflicto extremo entre ejecutivo y Congreso, con ambos lados jugándose por la situación extrema de destitución o disolución. Lo que debería usarse rara vez, si alguna, se convirtió en la forma estándar de enfrentamiento entre dos poderes del Estado. Así hemos vivido los últimos cinco años, que todos recordaremos con espanto.

Al no existir partidos políticos de peso ni duraderos y al ganarse la presidencia en segunda vuelta, el ejecutivo no cuenta con suficiente fuerza en el Congreso como para asegurar la no destitución. Para el Congreso es relativamente sencillo no dar motivos para que el presidente declare su disolución y así, cualquier grupo significativo en el Congreso vende su apoyo a cambio de favores políticos. Esta situación no es, en principio, distinta a la que ocurre en muchos gobiernos de coalición en diferentes lugares del mundo. Lo particular en el caso peruano es lo fragmentado del Congreso, que hace la cosa más difícil e inestable, y la ausencia de algún objetivo político grupal que no sea la ventaja personal de muchísimos congresistas.

Los pésimos candidatos seguirán existiendo mientras dure la ausencia de partidos políticos que normalmente hacen algún tipo de filtro en sus candidatos al Congreso, por lo menos para asegurar su propia supervivencia. Además, al no haber reelección, para los congresistas individuales no hay ningún incentivo a pensar en el más largo plazo y las decisiones tienden a ser todo o nada, hoy día.

Mientras esto no cambie seguiremos en lo mismo, presidentes vacados de la noche a la mañana porque se tornó momentáneamente inestable el delicado equilibrio en que se mantenían las cosas. Quizás luego de la elección, cuando desaparezcan casi todos los partidos, los sobrevivientes harán más difícil el registro de nuevos partidos, para así mantener el monopolio.

Lo que precipitó la reciente vacancia fue el cálculo político de quien quería distinguirse con fines electorales, sin calcular lo inestable que era el equilibrio. Así, se ha entregado nuevamente la presidencia al partido que recién se había logrado sacar. En el Congreso el equilibrio puede armarse de cualquier manera porque todo se vende.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

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¿Una salida viable para Petroperú?, por Miguel Palomino

Sin una reestructuración profunda y una conducción técnica, Petroperú nos seguirá trasladando sus pérdidas.

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