Las reformas que la pandemia dejó atrás, por Miguel Palomino

Durante las elecciones del 2021 hubo muchos temas de fundamental importancia para el país de los que, en la práctica, se dejó de hablar por la magnitud de la crisis impuesta entonces por la pandemia. Eran temas que se dejaron para más adelante, pero que nunca se retomaron, salvo para empeorarlos.

Entre estos temas se encuentran la educación y la salud, que no deberían verse con una óptica de izquierda ni de derecha. En ambos casos, la pandemia detuvo cualquier discusión sobre reformas críticas, aun cuando la misma crisis nos mostró lo vulnerable que era nuestro país en estos dos campos. En salud, todos los peruanos recordamos la ausencia de camas y de oxígeno, y el caos generado por las malas decisiones que llevaron a que el Perú fuera el país con la mayor mortalidad del mundo. Se estima que el número de peruanos que murieron en exceso durante este caos fue de aproximadamente 220.000. Es una cifra monstruosa que nos muestra el costo de hacer mal cosas tan importantes. En educación, los niños peruanos fueron de los que más sufrieron en el mundo por la pandemia, tanto en términos de días perdidos sin colegios como por la pérdida de logros en matemáticas y lenguaje.

Desde la pandemia, el Estado peruano ha mostrado total incapacidad para hacer algo en beneficio de sus ciudadanos en estas dos funciones prioritarias del Estado y, de paso, tampoco en seguridad ni justicia. Entre el 2019 y el 2025, la satisfacción de la población con los servicios médicos públicos cayó de 45% a 30%, y la satisfacción con las escuelas públicas pasó de 31% a 24%. Ambos indicadores están en su nivel más bajo desde que se tiene registro. En 2012, por ejemplo, la satisfacción con los servicios médicos era 48% y, con las escuelas públicas, 54%.

Lo sorprendente es que, entre 2019 y 2025, el gasto del sector Salud creció 75%, mientras que el gasto del sector Educación creció 66%. Así, aunque el gasto anual en educación aumentó en 19.000.000.000 de soles y el gasto anual en salud aumentó en casi 14.000.000.000 de soles, aparentemente no se logró ninguna mejora, por lo menos en la percepción de los usuarios. Recordemos, además, que resulta una verdad de Perogrullo decir que las condiciones de la salud y la educación públicas se han venido deteriorando en los últimos años. Tanto es así que SuSalud dejó de medir la satisfacción de los pacientes para no avergonzarse.

Claramente, los recursos públicos no se están utilizando adecuadamente, lo cual no sorprende porque no ha habido ninguna política de salud ni de educación en los últimos años. ¿Alguien puede decir cuáles son, o eran, los principales objetivos operativos en salud y en educación? ¿Siquiera se ha hablado de ello? Con la inestabilidad de ministros y viceministros, el único interés que se persiguió consistentemente fue el de aumentarles el sueldo a los trabajadores del sector. Entre el 2019 y el 2025, las remuneraciones en el sector Salud aumentaron 58% y, en el sector Educación, 70%, lo que puso enormes presiones sobre el presupuesto nacional, presiones que se tornan permanentes.

Veamos el caso de la educación. La educación efectiva se paga sola: los aumentos en productividad que ocasiona son el motivo por el cual la educación pública se practica en todo el mundo. Todos apoyaríamos un fuerte aumento de sueldo a los maestros si este estuviera dirigido a quienes lograran mejores resultados para nuestros niños; pero no ha habido ni siquiera una pretensión de relación entre aumento y calidad de la enseñanza. El gobierno de Castillo se encargó de eliminar todo vestigio de meritocracia en la educación. Con un maestro en Palacio, cualquier mejora basada en medir, por ejemplo, la capacidad de los maestros era rechazada por el Prosor y sus aliados, entre ellos el presidente Balcázar. Es más, se aprovechó para nombrar permanentemente personal que no había pasado por filtro alguno. Lo cierto es que se malgastaron recursos que podrían haberse utilizado mejor en cualquier programa que incentivara la mejora en la docencia. Se aumentó 70% a todos los docentes en los seis años en que los niños peruanos recibieron menor y peor educación.

En mi anterior columna expliqué cómo, a nivel internacional, estaba claro el camino a seguir con respecto al aseguramiento de salud. Por supuesto, los detalles no son fáciles, pero contamos con especialistas que lo pueden hacer y cualquier esfuerzo serio en la dirección correcta es un claro avance que podrá perfeccionarse. Pero también dije que nada de esto sería posible si, por ejemplo, la salud se entrega al aliado político de turno que no tiene otro objetivo que lucrar.

Las nuevas elecciones deberían llevarnos a pensar seriamente en cómo lograr que los aproximadamente 80.000.000.000 de soles que gastamos todos los años en educación y salud pública sean mejor utilizados. Sabemos que no se puede lograr un gran cambio en un corto periodo, pero al menos enrumbarnos en la dirección correcta es más de lo que se ha intentado hacer en los últimos seis años y es lo más valioso que se puede hacer.

Cualquier partido político debería contar con un pequeño equipo de especialistas en salud y educación que le permita señalar las grandes directrices de política sectorial que planteará en su gobierno. Es más, si así no fuera, deberíamos exigirlo para evaluarlas al momento de votar. Eso es lo que debería ser nuestra mayor preocupación cuando está en juego el futuro de nuestro país. No tiene sentido prestar mayor atención a las promesas de construcción de colegios u hospitales cuando no nos han explicado qué piensan hacer con ellos una vez que existan. En la construcción de obras es donde están los intereses. La mejora de los servicios es más importante, pero, en vez de plata, solamente da una población más feliz y satisfecha.

Lo que he planteado aquí para las políticas de educación y salud se puede extender a cualquier otro sector, si bien estos pueden resultar más controversiales. Que los gobiernos, y antes que eso los candidatos, deben pensar y explicarnos qué harán, qué objetivos priorizarán. Que nos muestren que saben que el dinero público sí cuesta y que hay que pensarlo bien antes de gastarlo. ¿Cómo van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que son quienes los mantienen a ellos y a su presupuesto de cerca de 270.000.000.000 de soles que les hemos confiado?

Con semejante presupuesto, cualquier equipo de gobierno, aunque sea semidecente, podría plantear objetivos claros y realistas que verdaderamente pongan primero el servicio al ciudadano. El estado de las cosas en estos sectores es tan precario y está tan mal diseñado —incluso en comparación con países vecinos— que no hacen falta reformas demasiado sofisticadas o novedosas. Apenas un puñado de sentido común, algo de valentía y una pizca de visión. Tampoco es tanto pedir.