¿Cuánto poder tiene el Presidente?, por Miguel Palomino

Durante la actual campaña electoral, ha sido común que haya quienes digan que no importa mucho quién gane las elecciones presidenciales porque, al no tener mayoría en el Congreso, este "no le va a dejar hacer nada". Como "prueba" de ello ponen al fracasado gobierno de los últimos años. Nada más alejado de la realidad.

Por limitado que esté un gobierno por el Congreso, el poder del Ejecutivo para actuar es enorme y lo ilustraré de manera convincente más adelante. Pero antes de hacerlo, es necesario que nos demos cuenta de que la experiencia reciente de gobierno corresponde a uno totalmente incompetente; que no hizo nada no porque el Congreso se lo impidiera, sino porque nunca atinó a hacer nada. O, lo que sería peor aún, porque no le interesaba nada más que ver de qué manera se podía beneficiar de su poder. Veamos.

El gobierno de Pedro Castillo se caracterizó en sus más altas esferas por estar compuesto básicamente por personas o tremendamente mal preparadas o profundamente corruptas, o las dos cosas a la vez. El gobierno se llenó la boca de frases vacías como "no más pobres en un país de ricos", que denotan la falta de objetivos concretos en bien de la población. Reto a quien quiera a que me diga un solo objetivo medible del gobierno en favor de los ciudadanos que haya sido planteado. Y, si alguna vez un alto funcionario hubiera tenido un día en mente un objetivo, la alta y absurda rotación de cargos no le hubiera dado tiempo ni de plantearlo.

El fracaso por la incompetencia generalizada del gobierno de Castillo ocurrió sin que el Congreso influyera de manera notable. La incompetencia fue autogenerada por las malas decisiones del gobierno, en las cuales participó plenamente el entonces ministro y hoy candidato, con sombrero incluido, Roberto Sánchez. De hecho, Sánchez fue el único ministro que acompañó a Castillo durante todo su mandato. En breve, es un mito eso de que a Pedro Castillo el Congreso no lo dejó gobernar. Lo sostienen solo quienes no quieren que se les asocie con tremendo fracaso.

Dicho esto, pasemos a ver el enorme grado de poder que tienen un presidente y su gobierno. Solo enumeraremos una lista de las cosas que puede hacer un presidente, independientemente del Congreso.

Designa y remueve altos funcionarios y define las políticas del servicio civil. Nombra ministros, directores y jefes de organismos como Essalud, Petroperú, Sunat e Indecopi.

Fija las prioridades de la política de salud y educación, lo cual incluye modificar el currículo educativo, rediseñar o suspender evaluaciones a docentes y lanzar programas de becas. También define la atención primaria en salud, decide sobre la ejecución de campañas de vacunación, define el esfuerzo de prevención de la anemia y decide sobre las compras de medicamentos.

Define la política social, expandiendo, rediseñando o eliminando programas como Juntos, Pensión 65 y Qali Warma.

Ejecuta políticas nacionales de seguridad ciudadana y orden interno. Reordena las prioridades operativas de la Policía y el Ejército, designa a sus comandantes, define las acciones de inteligencia e implementa acciones de prevención del delito.

Define la política tributaria y los objetivos de recaudación. Intensifica la fiscalización y el control de la Sunat, modifica el impuesto selectivo al consumo, cambia parámetros que afectan multas y deducciones, e impacta directamente en la carga tributaria efectiva. Define la política de cobranza y gestión de la deuda tributaria.

Simplifica o endurece trámites administrativos. Define cómo aplica las leyes mediante reglamentos y allí define requisitos, plazos y tasas, determinando el grado de las barreras administrativas. Decide qué trámite digitaliza y si crea ventanillas únicas.

Decide cómo se ejecuta y prioriza el presupuesto, y es responsable de la sostenibilidad fiscal. Eso le permite, por ejemplo, acelerar o no la inversión pública en hospitales, colegios, agua y saneamiento, transporte, y reforzar la seguridad ciudadana y el combate a las economías ilegales. Define el uso del Fondo de Estabilización Fiscal, propone el presupuesto y la estrategia de endeudamiento.

Promueve la inversión privada y define sus condiciones operativas. Diseña proyectos y evalúa las iniciativas privadas, impulsa mecanismos como las asociaciones público-privadas y obras por impuestos, aprueba estándares ambientales y gestiona la conflictividad social relacionada con estos proyectos, define la regulación de tarifas mediante organismos regulatorios como Osinergmin y de la competencia a través de Indecopi.

Define la política exterior, estableciendo relaciones diplomáticas y prioridades comerciales. Puede denunciar tratados, ajustar aranceles, fortalecer el control aduanero y endurecer los controles migratorios.

Este es solo un listado parcial de los poderes que detenta un presidente. Como podrá apreciar el lector, estos son amplios. Necesitará del apoyo del Congreso principalmente para la aprobación de reformas a la legislación establecida, para que no le vayan a censurar a sus ministros y para que no lo vaquen. El apoyo para estos casos es ciertamente muy importante, pero su poder en un sinnúmero de casos es enorme.  

Una comparación ilustrativa es el caso del director de un hospital o de un colegio. Independientemente de si cuenta con los medios necesarios, un buen director sabrá cómo sacar lo mejor de su organización poniendo a las personas idóneas a cargo de los distintos puestos, trazando objetivos claros y coherentes y liderando con el ejemplo. ¡Esto es  lo opuesto a lo que ocurrió durante el gobierno de Perú Libre!

La nueva conformación bicameral del Congreso, además, fortalece la posición de la Presidencia de la República. A partir de ahora, será necesario pasar dos veces por el filtro de dos tercios de congresistas para gatillar una vacancia por incapacidad moral permanente. Es argüible que un Congreso dividido, como el que resultó de las últimas elecciones, contribuye a la posición del Ejecutivo. Recordemos, si no, lo difícil que fue para el Ejecutivo de Pedro Pablo Kuczynski lidiar con un Legislativo con mayoría de oposición.

El presidente, por último, tiene un atributo intangible adicional: en un país presidencialista como lo es el Perú, representa a la Nación. Esto podría parecer abstracto o inmaterial, pero no lo es. Independientemente de los nombramientos que haga, la figura del jefe de Estado marca el tono del ambiente político, define cómo se percibe el país y, en buena parte, define las expectativas de los ciudadanos e inversionistas sobre lo que pueden o no esperar del Estado.

Por eso, la elección del 7 de junio debe ser tratada con suma responsabilidad. Votar en blanco o viciado —es decir, permitir que otros decidan por uno— no debería ser una alternativa. Nuestra figura presidencial —hoy tan venida a menos, es cierto— aún necesita cuidado y mucha atención. Nos jugamos, de nuevo, todo.