Intentan impedir el esclarecimiento de hechos en Colcabamba
El fujimorismo blindó al ministro, la Sala liberó a los militares y su defensa va ahora contra el juez.
El 25 de abril de 2026, una patrulla del Ejército vestida de civil disparó contra una camioneta en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica. Cinco jóvenes murieron. Dos más resultaron heridos.
La primera versión oficial del Ejército habló de un enfrentamiento con presuntos narcoterroristas y de que la patrulla había sido atacada primero. Días después, las diligencias iniciales desmontaron esa versión ya que confirmaron que en la camioneta no había ni drogas ni armas. Lo que sí había eran deportistas que regresaban de un torneo de Copa Perú.
Jaime Brendezú Paraguay, Cristian Vilcatoma Águila de 18 años y William Núñez Soto, entre ellos eran jóvenes de comunidades campesinas del VRAEM que volvían a casa después de jugar fútbol.
Un sobreviviente, Ricardo Jampier Acuña Quispe de 20 años, declaró después que su primera versión, la que lo ubicaba como parte de un grupo que transportaba droga, fue obtenida bajo amenaza y con los militares sin identificarse. La cadena de custodia de las pruebas fue cuestionada. El juez dictó doce meses de prisión preventiva para los ocho efectivos investigados.
Sin embargo, esta semana, la Sala Penal de Apelaciones de Junín revocó esa medida y los liberó. Y el capitán Luis Montenegro Pardo, uno de los investigados, presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior para que se investigue penalmente al juez que los había mandado a prisión. El que investigaba se convierte en investigado y el que debe responder por sus actos queda libre.
El Congreso completó el cuadro el 14 de mayo. El pleno rechazó la interpelación al ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno. El fujimorismo votó en contra. Con esta misma vehemencia, ahora plenamente el gobierno plantea militarizar las calles con la excusa de combatir la inseguridad ciudadana. ¿Con qué garantías cuenta la ciudadanía para protegerse de los abusos?
Sin verdad establecida, sin militares en prisión preventiva, con el juez denunciado y con el ministro protegido por el voto del Congreso, la impunidad avanza en Colcabamba. Las familias de Jaime, Cristian y William siguen esperando que alguien responda. Y lo harán tarde o temprano.