Un maestro no puede jubilarse en la pobreza, por Flor Pablo Medina

En los últimos días, se ha reactivado el debate sobre las pensiones del magisterio. No es casual. En la agenda del Pleno del Congreso se encuentra pendiente la aprobación un proyecto de ley que busca garantizar pensiones dignas para los docentes -soy una de sus autoras-. Frente a esta posibilidad, algunos sectores han advertido que la medida sería fiscalmente insostenible o incluso populista. Sin embargo, reducir esta discusión a un asunto estrictamente presupuestal impide ver la magnitud del problema y sus implicancias para la sostenibilidad de la política educativa del país.

En más de 15 años, el Perú ha construido una de las reformas más importantes del sector educación: la Carrera Pública Magisterial. Esta política introdujo meritocracia, evaluaciones permanentes y oportunidades de desarrollo profesional para los docentes.

Hoy el país cuenta con cerca de 500 mil profesores en escuelas públicas, de los cuales más del 70% pertenece a esta carrera. La mayoría se encuentra en las primeras escalas y percibe ingresos cercanos a los S/4,300 mensuales, con una remuneración que va aproximadamente de S/3,500, en la primera escala, a S/8,000 en la octava.

Sin embargo, estas mejoras salariales contrastan con la realidad que enfrentan los docentes cuando se retiran del servicio. Actualmente, son más 160 mil docentes cesantes y jubilados, y entre 2025 y 2027 se sumarán 25 mil más. Esta tendencia continuará, pues el 52% de los maestros tiene entre 50 y 65 años.

La realidad es dura. Al jubilarse, muchos docentes pasan a recibir pensiones que oscilan entre S/400 y S/800, dependiendo del régimen pensionario al que pertenecen. La caída de ingresos es abrupta y ocurre en una etapa de la vida en la que los gastos más importantes están vinculados a la salud. Para miles de docentes, jubilarse los condena al deterioro de su calidad de vida y a la pobreza.

¿Cómo se llegó a esta situación y qué alternativas tiene el país para enfrentarla?

Actualmente el Estado destina alrededor de S/1,500 millones al año al pago de pensiones del magisterio. Diversas estimaciones indican que se necesitaría algo más de S/5,000 millones para asegurar que los docentes jubilados reciban al menos una pensión equivalente a la remuneración de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial.

El objetivo es establecer un piso previsional vinculado a la propia estructura de la carrera docente, evitando que quienes han servido al país durante décadas enfrenten una vejez en pobreza. Además, los cerca de 500 mil docentes en ejercicio no solo aportan al sistema previsional, sino que también contribuyen al fisco a través del impuesto a la renta de quinta categoría. Es decir, el propio sistema educativo también forma parte de la base fiscal que permite sostener la protección social de quienes han dedicado su vida a enseñar. Alcanzar este objetivo requerirá, sin duda, un esfuerzo fiscal adicional.

La pregunta entonces es inevitable: ¿realmente el país no tiene recursos para enfrentar este problema o se trata más bien de cómo se prioriza el gasto público?

En el Perú, los llamados gastos tributarios —exoneraciones, inafectaciones, créditos y tasas reducidas— superan los S/20 mil millones anuales, lo que equivale aproximadamente al 2,2% del PBI. Muchos de estos beneficios recaen sobre actividades económicas que no deben ser exoneradas como “juegos de hacer”, “casinos”, o exoneraciones a la educación privada, a la agroindustria, y otros que se han extendido durante años sin evaluaciones periódicas sobre su impacto en el desarrollo económico o la generación de empleo.

Por ejemplo, solo en 2026 vencerán 12 de estos beneficios tributarios. De no prorrogarse, la recaudación podría incrementarse en alrededor de S/3,739 millones y, con mejores mecanismos de control y fiscalización, incluso superar los S/6,800 millones.

Este contexto demuestra que el debate no es únicamente cuánto cuesta una política pública, sino cuáles son las prioridades que el país decide atender. Revisar parte de estos beneficios tributarios podría abrir espacio fiscal para fortalecer políticas públicas que contribuyan al desarrollo del capital humano del país.

¿El Estado trata de la misma manera a todas las carreras públicas que exigen altos niveles de compromiso y servicio?

En otras carreras organizadas bajo principios de meritocracia —como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional— el país ha reconocido históricamente la importancia de garantizar condiciones previsionales adecuadas para quienes dedican su vida al servicio público.

Hoy, por ejemplo, las pensiones del personal policial se ubican en muchos casos alrededor del 70% de la remuneración consolidada en actividad. Además, en el Congreso se debate una propuesta para ordenar el régimen de pensiones del personal militar y policial, cuyo costo estimado asciende a cerca de S/14 mil millones, calculando la pensión sobre el 100% de la remuneración consolidada.

Esto refleja un principio razonable: cuando el Estado exige compromiso, disciplina y evaluaciones durante la vida laboral, también debe ofrecer condiciones de retiro que reflejen ese servicio. El magisterio no debería ser la excepción. Pero, hay además una razón estratégica que no debe pasarse por alto. Las pensiones docentes también influyen en la sostenibilidad de la propia Carrera Pública Magisterial.

Cuando una carrera profesional exige evaluaciones permanentes, formación continua y estándares cada vez más altos, pero al mismo tiempo conduce a una vejez precaria, se debilita la legitimidad del sistema y se abre espacio para cuestionar la meritocracia.

Garantizar un retiro digno fortalece la confianza en la carrera docente y contribuye a que las nuevas generaciones vean la profesión como una opción de desarrollo profesional estable y respetada. No se trata de una concesión populista, sino de reconocer el aporte de quienes han dedicado décadas al servicio público formando a generaciones de estudiantes.

Si el problema es evidente y las alternativas existen, entonces la pregunta final es ¿por qué el país aún no logra aprobar una solución para el retiro digno de los docentes?

Hace más de tres años presenté un proyecto de ley que proponía crear un régimen pensionario específico para el magisterio y establecer un fondo previsional que permitiera garantizar pensiones dignas como parte del proceso de revalorización de la Carrera Pública Magisterial basada en la meritocracia. Esa fue la propuesta inicial.

El proceso de debate y consesos hizo que el Congreso aprobará una fórmula básica: establecer que la pensión de los docentes jubilados sea equivalente a la remuneración de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, que hoy asciende aproximadamente a S/3,500. La Ley fue observada por el gobierno de Dina Boluarte, es comprensible que toda reforma previsional sea analizada con responsabilidad fiscal. Sin embargo, también es necesario mirar esta discusión con una perspectiva integral y de largo plazo.

Por ello, invoco a los distintos sectores políticos, económicos y sociales a analizar esta reforma con sentido de equilibrio y responsabilidad. La expectativa de miles de docentes cesantes, jubilados y en actividad es que esta propuesta pueda aprobarse por insistencia en el Congreso.

Esperamos que este Parlamento esté a la altura de esa responsabilidad histórica, y decida en favor de quienes han dedicado su vida a educar a generaciones de peruanos, porque un país que exige calidad educativa también debe garantizar que sus maestros no terminen su vida en la pobreza.