Pacto corrupto deja un país al borde del colapso

Durante los últimos años el Perú ha experimentado una acumulación de crisis que se manifiesta en múltiples planos de la vida nacional. El incremento de la delincuencia marca la vida cotidiana de los ciudadanos, mientras la economía doméstica enfrenta el aumento del costo de vida. A ello se suman decisiones gubernamentales tardías o de ejecución mínima que han debilitado la capacidad de respuesta del aparato público.

El resultado empieza a aparecer en las últimas semanas en una cadena de desabastecimientos y tensiones estructurales. Hospitales registran escasez de medicamentos esenciales. A esta situación se suma una creciente escasez de combustible que ya comienza a sentirse en distintos puntos del país.

Este deterioro ocurre en un contexto de profunda inestabilidad política. En pocos años el país ha transitado por tres presidencias y una rotación constante en los gabinetes ministeriales que, por supuesto, interrumpe la continuidad administrativa.

En este escenario, un grupo de transportistas informales ha emitido un pronunciamiento en el que advierte que el transporte público se encuentra “al borde del colapso”.

La alerta merece atención. La posible escasez de combustible agrava la situación de un sector que depende de un flujo permanente de insumos para mantener en funcionamiento la red cotidiana de transporte urbano e interprovincial. Sin embargo, el riesgo no se limita a los conductores ni a las empresas de transporte. La cadena de abastecimiento nacional, la movilidad laboral, el comercio minorista y la vida cotidiana de las ciudades dependen de ese sistema.

La advertencia de los transportistas, por tanto, revela un fenómeno más amplio. El problema no radica únicamente en un sector productivo bajo presión. El país entero enfrenta una acumulación de tensiones que impacta en servicios públicos, suministro de energía, provisión de medicamentos, seguridad ciudadana y funcionamiento institucional.

El origen de esta situación se encuentra en una dinámica política marcada por alianzas parlamentarias orientadas a la protección mutua y a la supervivencia en el poder. Este entramado ha privilegiado la negociación interna antes que la conducción nacional. El resultado se expresa en un sistema político concentrado en su propia estabilidad mientras la sociedad enfrenta una suma creciente de emergencias.

La salida a esta situación requiere un proceso de renovación institucional impulsado desde la ciudadanía. El próximo ciclo electoral ofrece una oportunidad para reconstruir representación política tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento. La elección de una nueva Cámara de Senadores adquiere especial relevancia como espacio de deliberación y de concentración del poder.

La responsabilidad ciudadana, expresada en las urnas, constituye por tanto, el primer paso para revertir el deterioro acumulado y encaminar al país hacia un nuevo ciclo político.