La ciudadanía ante la oferta electoral 2026

La oferta electoral que se perfila hacia el 2026 no es solo extensa ni caóticamente plural. Es, sobre todo, hiperfragmentada y, conviene decirlo sin eufemismos, deliberadamente moldeada por el Congreso. En ese sentido, constituye el resultado político de una arquitectura normativa diseñada desde el poder legislativo con criterios ajenos al fortalecimiento democrático.

El Parlamento vigente, sostenido por un pacto de bancadas que ha hecho de la cooptación institucional su método, ha impulsado una agenda electoral saturada de hitos administrativos, plazos perentorios y sanciones automáticas. Ha instalado un formalismo que ha desplazado el núcleo sustantivo del derecho de representación. La democracia, así concebida, deja de ser un espacio de mediación política y pasa a convertirse en un expediente que se gana o se pierde por un error procedimental.

El efecto es doblemente perverso. Por un lado, se castiga a las organizaciones más frágiles, aquellas con menor capacidad logística o financiera, sin atender los problemas estructurales de la precariedad partidaria. Por otro, se tolera, cuando no se incentiva, la proliferación de agrupaciones sin identidad programática, concebidas como vehículos electorales de corto aliento. El resultado es una dispersión funcional que erosiona la deliberación pública y tiene como propósito principal dificultar la construcción de mayorías políticas legítimas, ancladas en demandas ciudadanas concretas.

En este contexto, no sorprende que algunas opciones abiertamente antidemocráticas intenten ahora deslegitimar a los organismos electorales, responsabilizándolos por exclusiones o improcedencias. Dicho señalamiento es incorrecto y, sobre todo, peligroso. Frente a ello, este diario reafirma sus convicciones republicanas y periodísticas de observar de cerca al Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, los cuales no diseñan las reglas de la contienda, sino que deben limitarse a aplicarlas con transparencia ni injerencia de ningún grupo político.

Ante esta oferta electoral fragmentada y empobrecida en términos representativos, la ciudadanía enfrenta un desafío mayor. No basta con elegir entre listas. Es imprescindible leer críticamente el origen de las normas, identificar a quienes las instrumentalizan y rechazar los discursos que buscan, a toda costa, defenestrar a los árbitros para encubrir responsabilidades políticas y legales. En un escenario así, el voto informado se convierte, además de un derecho, en el último resguardo de una democracia que, desde arriba, ha sido cuidadosamente administrada para no incomodar al poder.