Cop 30: El crimen y la incapacidad para cumplir con sus compromisos climáticos, por Henry Córdova Bran

El Perú está muy lejos de estar a la altura de cumplir su compromiso climático. Desde que se firmó el Acuerdo de París en el 2015, el Perú se ha comprometido a reducir 40% de sus emisiones para el 2030.

PUEDES VER: EDITORIAL | Régimen consuma golpe contra el Ministerio Público

Sin embargo, la participación del Estado peruano en la COP 30 se da en un escenario de crisis política, de pérdida casi absoluta de la democracia, vulneración de los derechos humanos individuales y colectivos, y de una representación ilegítima de los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que han sido copados por la representación de partidos políticos que manejan el Parlamento y que están al servicio y/o promueven el afianzamiento de mafias organizadas en todos los niveles de la sociedad peruana, los cuales se expresan en el manejo de la política económica, la expansión desmedida del extractivismo y la reducción de la institucionalidad ambiental. La desregulación ambiental se ha convertido en una amenaza real para los derechos humanos colectivos e individuales, así como para los derechos de los territorios y de los pueblos que viven en ellos.

En este escenario, desde los propios territorios, las organizaciones sociales son conscientes de que no se puede impulsar la acción climática en un Estado capturado por el crimen a través de un pacto congresal que controla la institucionalidad en el Perú, porque es contrario a todos los principios que deben guiar el compromiso climático del país. Desde los territorios se ha impulsado una agenda nacional ambiental y climática en un proceso denominado La Ruta de los Pueblos, que ha reunido entre abril y octubre de este año a más de 300 dirigentes y dirigentas sociales en audiencias macroregionales y una gran audiencia nacional.

En esta agenda demandan justicia ambiental, climática y de género frente al avance del extractivismo minero, petrolero y agroindustrial que amenaza las cuencas, los bosques y los cuerpos de las mujeres. Exigen el reconocimiento del agua como derecho humano y bien común, la protección de las cabeceras de cuenca, la soberanía alimentaria basada en la agricultura familiar y la agroecología, y la suspensión de los transgénicos y monocultivos.

Asimismo, reclaman una transición energética justa, popular y comunitaria, con cierre de proyectos de hidrocarburos en la Amazonía y el mar de Grau, rechazando el “capitalismo verde” que expande la extracción de minerales críticos. Piden la ratificación del Acuerdo de Escazú y el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, la implementación de un plan nacional de remediación de pasivos ambientales y atención a poblaciones afectadas por metales pesados, y una reforma institucional que fortalezca el Ministerio del Ambiente.

Finalmente, llaman a una refundación del Estado a través de una Constitución ecológica, antipatriarcal, plurinacional y decolonial que reconozca a la naturaleza y a los territorios como sujetos de derecho.

* Coordinador de Incidencia Política del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC).