
El lugar donde se celebró —la semana pasada— la IV Cumbre UE-CELAC, Santa Marta, Colombia, no pudo ser más simbólico: tierra de Gabo, auspiciada por la respetada universidad local, encargada de la custodia y mantenimiento de la casa-taller de Gabriel García Márquez en Aracataca.
Uno de los ejes del encuentro fue el principio de no intervención. Fui invitado a participar, de manera virtual, en el panel inaugural sobre este tema. Fue un honor compartir espacio con Oleksandra Matviichuk, directora del Center for Civil Liberties y Premio Nobel de la Paz; Ardi Imseis, profesor de Derecho Internacional en la Queen’s University de Canadá; Sergio Jaramillo, exministro colombiano y fundador de ¡Aguanta Ucrania!; Carlos Patiño, investigador del IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia; y Érika Rodríguez, directora de la Fundación Carolina.
Se enfatizó en temas cruciales como la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania. Lo más impactante: según un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington (CSIS), cerca de 400,000 soldados ucranianos han muerto o resultado heridos desde el inicio de la guerra. Sumando las bajas rusas, el total combinado se acercaría a 1.4 millones.
Sobre las recientes ejecuciones extrajudiciales en mares latinoamericanos, la Declaración dice poco. No obstante, dos gobiernos reaccionaron con firmeza. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó a todos los niveles de inteligencia de la fuerza pública suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad de Estados Unidos. La medida se mantendrá mientras Washington continúe sus ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.
La orden siguió a la decisión del Reino Unido de dejar de compartir información de inteligencia con EE. UU. sobre embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el Caribe. “No quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y considera que estos son ilegales”, señalaron fuentes cercanas al asunto. Al controlar territorios como las Islas Vírgenes Británicas, Anguila o Bermudas, el Reino Unido era un aliado clave de Washington para detectar embarcaciones sospechosas. Ya no lo será.
Son decisiones relevantes que, aunque no figuran entre las conclusiones oficiales de la Cumbre, nacen de lo que allí se debatió.
Petro ha sido muy crítico con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por los bombardeos iniciados en el Caribe y extendidos al Pacífico. “De nuevo, solicito al Gobierno de los Estados Unidos retornar al respeto de los derechos humanos en la lucha contra las drogas. Lo que hacen lanzando misiles en el Caribe contra lancheros pobres, al servicio o no de operaciones de envío de cocaína que realizan capos que no están siendo tocados, no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”, publicó recientemente en X.
Aunque la declaración final no condenó explícitamente la campaña militar de Washington, su sombra estuvo presente en el evento. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que “la amenaza del uso de la fuerza militar volvió a formar parte del cotidiano de América Latina y el Caribe”, mientras que la alta representante de Asuntos Exteriores de la UE, la estonia Kaja Kallas, declaró a El País que el bloque está “preocupado por el fenómeno global del crimen organizado” y que es un tema que debe “abordarse en conjunto”.
La declaración conjunta, firmada por 50 de los 51 países participantes, fue calificada como un “gran éxito del diálogo multilateral” por el presidente Petro. Una frase optimista que no oculta las dificultades para conciliar posturas divergentes, especialmente en temas sensibles como la seguridad regional y las relaciones con potencias externas.
La Declaración de Santa Marta es ambiciosa en su lenguaje y representa, al mismo tiempo, una oportunidad para diversificar alianzas, tanto para América Latina como para Europa.

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