Hasta encontrar al último desaparecido

Cada 30 de agosto, el mundo recuerda la lucha contra la desaparición forzada de personas, una herida abierta que interpela la conciencia de las democracias. Bajo el régimen de Dina Boluarte se han acumulado ya más de 28 mil denuncias. En lo que va de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renade) consigna 12,374 casos, más del doble que en el mismo período del año anterior.

No son pocos los estudios en el país que han advertido que la desaparición forzada se entrelaza con el avance del crimen organizado y con las economías ilegales. Esta realidad, sin embargo, no se mide únicamente en cifras ya que cada desaparición quiebra familias y desarraiga comunidades.

Ante ello, la pasividad estatal resulta insostenible. El Perú necesita fortalecer sus mecanismos de búsqueda inmediata y garantizar que toda denuncia active protocolos claros y eficaces. Pero la realidad es otra.

Las asociaciones de familiares de desaparecidos en el país han alertado que la Policía Nacional carece de unidades especializadas y el Ministerio Público no cuenta con fiscales suficientes. Y las familias de las víctimas tropiezan con un aparato burocrático que, en lugar de acompañarlas, las revictimiza.

Y las víctimas sufren hoy mayores abusos. Con la aprobación de la ley de amnistía por parte de una coalición parlamentaria autoritaria, el Estado da la espalda a sus compromisos internacionales. Pero, sobre todo, erosiona el principio de justicia, fundamental en un Estado de Derecho.

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, inamnistiable por definición. Y, en el país, de acuerdo con cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), existen aun aproximadamente 13 mil peruanos que fueron desaparecidos a manos de terroristas y agentes estatales durante el conflicto armado interno que esperan justicia.

La comunidad internacional ha sido categórica: el Perú, como signatario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, tiene la obligación ineludible de prevenir, investigar y sancionar estos crímenes. Un derecho al cual no debería renunciar ningún peruano.