
En los últimos días, el anuncio de la construcción de un bypass en la ciudad de Cajamarca para el descongestionamiento vehicular en las zonas de la avenida Atahualpa y la Vía de Evitamiento Sur ha acaparado y dividido el debate público. El proyecto, gestionado bajo la modalidad de obras por impuestos y proyectado con más de 60 millones de soles, viene recibiendo el respaldo público y abierto del alcalde provincial, Joaquín Ramírez, quien ha anunciado la obra como un símbolo de modernidad y desarrollo.
Por su parte, el Gobierno Regional de Cajamarca, instancia que tiene la competencia para brindar la certificación ambiental de los proyectos del sector transporte, acaba de dar la no conformidad a la ficha técnica socioambiental (FITSA) presentada por la municipalidad provincial. La razón: la FITSA es una herramienta utilizada para proyectos con impactos no significativos, mientras que el bypass presenta impactos socioambientales con significancia moderada a severa–crítica. Es decir, desde ya se alerta de una grave incoherencia entre los impactos sociales, ambientales y económicos reales de la obra y lo presentado en la ficha técnica.
El problema del transporte público en Cajamarca no es reciente, y tampoco se reduce únicamente a la infraestructura vial. Aquí convergen problemas de informalidad, contaminación ambiental y sonora, planificación urbana, corrupción, entre otros. Y a todo esto le agregamos que las intervenciones son siempre pensadas para el vehículo y no para el peatón o para el ciclista.
El diálogo en torno al bypass debiera ser una oportunidad para que el gobierno local, la empresa privada y la ciudadanía pongan sobre la mesa la importancia de contar con un sistema de movilidad urbana inclusiva, sostenible y de calidad. Sin embargo, preocupa que, ante la no conformidad emitida por el gobierno regional, la respuesta de la municipalidad provincial no haya sido técnica, sino reducida a un mero cálculo político. Y preocupa también que uno de los argumentos del alcalde para justificar la construcción del bypass sea la comparación con Dubái.
Y aquí viene un punto importante. El problema de fondo no es el bypass, sino la manera en cómo se gestionan los proyectos de inversión pública en las regiones: sin análisis de la realidad; sin transparencia y claridad desde el inicio. El problema de fondo es la desconfianza ciudadana hacia las autoridades. El problema de fondo es la ausencia de mecanismos de socialización y consulta previa que permitan convocar, oportunamente, a todos los actores involucrados, incluyendo a la ciudadanía de a pie y a los vecinos directamente afectados.
El problema de fondo son las obras de pavimentación inauguradas que, al poco tiempo, ya empiezan a mostrar fallas, como el caso reciente de la avenida Los Patos. El problema de fondo es el mal manejo ambiental y ecológico de gestiones municipales que, en nombre de la modernidad, mandan a talar árboles nativos, como ocurrió en la prolongación Tayabamba en 2024. No hay opositores al desarrollo. Hay ciudadanos y ciudadanas que han decidido ejercer su derecho de acceso a la información y no ser simples espectadores.

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