La otra tragedia

La tragedia en el Real Plaza de Trujillo ha sacudido al país, pero, más allá del dolor y la conmoción, ha puesto de manifiesto un profundo vacío ético en la asunción de responsabilidades.

En un contexto en el que las autoridades parecen aprovechar el lamentable suceso para intensificar la fiscalización y proceder a clausuras temporales, como la del Real Plaza Puruchuco en Ate, Lima, el empresariado se encuentra en una posición de defensa pasiva, que no logra abordar los temas de fondo en materia de seguridad que la ciudadanía demanda.

El gerente general de Real Plaza, de propiedad de Intercorp, Misael Shimizu, en lugar de reconocer la magnitud de la tragedia y asumir un papel proactivo, se ha limitado a declarar en diversas entrevistas que la empresa ha pasado las inspecciones necesarias, como si ese mero trámite administrativo lo eximiera de la gravísima responsabilidad para con los muertos y los deudos.

Esta falta de autocrítica, de respuestas displicentes y de coordinación alturada público-privada es preocupante, especialmente cuando figuras como el gobernador se abstienen de señalar responsabilidades claras.

Por su parte, César Acuña, quien es el líder del partido por el cual Mario Reyna Rodríguez es alcalde de Trujillo y, por normativa, jefe de Defensa Civil en la jurisdicción, elude criticar a su partidario y no deslinda sobre sus responsabilidades para con los fallecidos y heridos.

La denuncia de la decana del Colegio de Arquitectos del Perú resuena con fuerza en este contexto. Su afirmación de que el personal encargado de la supervisión carece de la idoneidad necesaria para llevar a cabo su labor, con apenas secundaria completa, subraya la necesidad urgente de que instituciones como la Contraloría y el Ministerio Público revisen este caso, que además no es exclusivo de la ciudad norteña.

Esta carencia de personal profesional idóneo no solo refleja la desidia administrativa, sino también una cultura que prioriza el lucro sobre la salvaguarda de la vida de las personas.

Debemos exigir que las sanciones ante delitos de negligencia sean efectivas y que los responsables, ya sean del sector privado o público, enfrenten las consecuencias de sus actos. Una muestra de ello son los casos en los que empresarios, a pesar de lo fácil que podría resultar acudir a dinámicas criminales y corruptas para escapar de la justicia, se han sometido a acuerdos de colaboración eficaz. Su aporte, aunque obligado, permite resarcir de alguna manera los daños o, en todo caso, generar jurisprudencia para no volver a repetirlos.