Wasi Mikuna: Un cambio de nombre, no de fondo, por Sofía Aron

La historia se repite, y no para bien. En 2012, la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Carolina Trivelli, describía al Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) como un servicio deficiente, sin estándares de calidad, con prácticas poco transparentes y una escasa cultura de rendición de cuentas. Ante este diagnóstico, se creó Qali Warma, un programa social destinado a brindar desayunos y almuerzos escolares con el objetivo de garantizar una mejor alimentación para los estudiantes.

Avancemos doce años y volvemos al mismo punto: en diciembre de 2024, el gobierno celebró con bombos y platillos la creación de Wasi Mikuna, el supuesto reemplazo de Qali Warma.

Esta vez, sin embargo, el motivo detrás del cambio de nombre resulta aún más indignante. No solo hablamos de corrupción – que ya parece una constante en los programas sociales del Estado –, sino de un atentado directo contra la salud de nuestros niños. El caso de Frigoinca, la empresa proveedora de Qali Warma que distribuyó conservas fabricadas con carne de caballo en condiciones insalubres a los estudiantes, debería haber sido el punto de inflexión. Sin embargo, en lugar de soluciones estructurales, el gobierno optó por un simple cambio de nombre.

El nuevo programa, Wasi Mikuna, según el decreto supremo que lo establece, mantiene exactamente los mismos objetivos y funciones que tenía Qali Warma. Esto no es necesariamente negativo, pues garantizar un servicio alimentario a los estudiantes sigue siendo crucial. El problema radica en que se presenta como un avance cuando, en realidad, se trata de un cambio superficial. Si uno lee el texto con atención, los cambios son cosméticos: frases parafraseadas aquí y allá, pero el fondo permanece intacto.

El ministro Demartini lo calificó como “un paso histórico hacia un nuevo modelo de alimentación escolar”. Pero yo lo llamaría un salto en el mismo lugar, porque las dos "novedades" que introduce Wasi Mikuna no abordan los problemas estructurales del sistema.

En primer lugar, la creación de un Consejo Directivo compuesto por siete personas, incluyendo representantes de ministerios como Educación, Salud, Agricultura, y un representante de los padres de familia. En teoría, este consejo debería supervisar y dar dirección estratégica al programa. Sin embargo, ¿qué garantías tenemos de que este consejo no se convertirá en otro espacio burocrático sin capacidad de acción? Sin reglas claras de rendición de cuentas y estándares para evaluar su desempeño, parece más una excusa para repartir responsabilidades que una solución efectiva.

En segundo lugar, se busca dar mayor protagonismo a los padres de familia en la programación del menú escolar y en la fiscalización de las empresas proveedoras. Suena bien en teoría, pero volvamos a la realidad: ¿cómo se capacitará a miles de padres cuando el propio sistema no puede supervisar adecuadamente a los proveedores? Añadir más responsabilidades a las familias en un país donde ya enfrentan barreras para acceder a servicios básicos parece, cuando menos, una medida simplista.

El problema nunca ha sido la ausencia de un consejo directivo o la falta de participación de los padres de familia. Lo que realmente falla es la corrupción estructural, la opacidad en los procesos de contratación y una logística ineficiente que perpetúa las deficiencias del sistema. Además, estudios realizados sobre el programa ya habían evidenciado que los desayunos y almuerzos escolares no cumplían con las cantidades mínimas de hierro y proteínas necesarias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Esto evidencia no solo fallos en la ejecución, sino también la necesidad de repensar el diseño mismo del programa para garantizar que cumpla con sus objetivos fundamentales.

En vez de cambiarle el nombre al programa, seria más efectivo que el ministerio se dedicara a realizar un informe serio sobre los problemas del sistema, que se publicara para que la ciudadanía lo vea, y que luego se aborden esos problemas específicos.

Este tema no se trata solo de un plato de comida; es una herramienta clave para combatir la deserción escolar y mejorar el aprendizaje. Según la UNESCO, los programas de alimentación escolar aumentan las tasas de matrícula en un 9% y la asistencia de los estudiantes en un 8%. Además, intervenciones como la desparasitación y los suplementos de micronutrientes pueden extender la permanencia escolar hasta en 2.5 años en contextos con alta prevalencia de anemia e infecciones parasitarias.

En Perú, la situación es crítica: 12% de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica, mientras que la anemia afecta a 43% de los niños menores a 3 años (INEI). Estas cifras no son solo estadísticas; son una llamada urgente a la acción.

No podemos seguir celebrando cambios de nombre como si fueran logros históricos. Las autoridades deberían ser aplaudidas únicamente cuando veamos resultados concretos y medibles: reducción de la desnutrición infantil, disminución de la anemia y mejoras en el rendimiento escolar. Hasta entonces, Wasi Mikuna no es más que un parche para un sistema que necesita una transformación real.