En 2023, por primera vez en casi 20 años, la pobreza total y la pobreza extrema se incrementaron por dos años consecutivos. Esto nos aleja definitivamente de la trayectoria descendente que se observó en los periodos de crecimiento (2004-2011) y de estancamiento (2012-2019). Las perspectivas de bajo crecimiento potencial de la economía no dejan lugar a dudas de que, aun en un escenario optimista, la pobreza no regresará a los niveles prepandemia en el mediano plazo. Es importante considerar que, para lograr una reducción de la pobreza, la composición sectorial del crecimiento es un factor relevante. En 2023, el PBI cayó en -0,6%, pero los sectores productivos de transformación (manufactura, construcción agricultura, entre otros) intensivos en trabajo que dan cuenta del grueso del empleo de la población pobre y vulnerable cayeron fuertemente (-7,1%), mientras que las actividades extractivas (principalmente minería) crecieron en 3,9%. Con ese patrón de crecimiento no habrá reducción de la pobreza, aun si el crecimiento macro es positivo.
Cuando miramos la evolución de los gastos entre el 2019 y el 2023, constatamos que la mitad más pobre tuvo una caída mucho mayor que el resto, con tasas más altas en la población en riesgo de caer en la pobreza (-3,9%) y en -2,6% en la población ya en situación de pobreza. Similar patrón se observó entre 2022 y 2023. Muchos no pobres cayeron en pobreza y se profundizó la de aquellos ya en pobreza. En total, en 2023 hay, respecto a 2022, más de medio millón de nuevos pobres (596.000) de los cuales 249.000 son pobres extremos. Si agregamos la población vulnerable, que cualquier choque adverso la hace caer en la pobreza (31,4% de la población, alrededor de 10 millones de personas), tenemos que 6 de cada 10 peruanos viven en una situación de pobreza o de precariedad.
Los resultados del 2023 confirman y agravan una tendencia ya manifiesta desde el 2016: la pobreza en la capital crece a un ritmo acelerado, mayor que en el resto del país. La pobreza en Lima se ha prácticamente triplicado en 7 años, pasando de 11% en 2016 a 28,7% en 2023 y duplicado desde la prepandemia (2019). Según los últimos resultados de pobreza, respecto al total de pobres del país, entre 2019 y 2023, la proporción de aquellos que residen en Lima pasó de 22,8% a 32,6%; es decir, un tercio de la población en pobreza vive (o mejor dicho, sobrevive) en la capital. Igualmente preocupante es el hecho de que Lima concentra una mayor proporción de pobres extremos (pasó de 5,1% a 18,4% del total de pobres extremos). Si a ello añadimos el resto de las ciudades, en 2023 el 73,1% de los pobres y el 44,9% de los pobres extremos se encuentran en las ciudades.
La caída en el gasto promedio en 2023 ocurrió en la capital y en el resto de las ciudades (-0,4% y -1,8% respectivamente) y no en el área rural. Si miramos qué ocurrió para la mitad más pobre, la caída fue aún mayor: -1,2% en la capital y -3,2% en las otras ciudades. Los hogares urbanos han tenido que restringir sus gastos, incluso en bienes esenciales como la alimentación. La calidad de la alimentación de los hogares de la capital sigue deteriorándose. Sigue cayendo el consumo de proteínas animales (-2,6% de carne, -3,5% pescado, -2,2% en leche, huevos, -4,7 en legumbres y verduras). A ese deterioro se añade una caída en la cantidad de alimentos dentro y fuera del hogar (-3,1% en 2023 y -9,9% desde 2019). Al incremento de los hogares cuyos gastos totales no alcanzan a cubrir la canasta de alimentos se agregan aquellos que, teniendo mayores recursos, tienen que sacrificar gastos en alimentos para pagar el alquiler, la luz, el agua, el transporte, salud, gastos indispensables sin los cuales no se pueden procurar ingresos. Al sacrificar el gasto en alimentos, muchos de esos hogares tampoco logran cubrir sus necesidades, ya no solamente de calidad de alimentación, sino también sus requerimientos en calorías, esenciales a su salud y actividades cotidianas, incluyendo el trabajar. Gracias a la información recogida sobre cantidad comprada de cada alimento y considerando las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS), hemos podido estimar que en 2023 un poco más de 4 de cada 10 (43,5%) limeños padecen hambre, proporción que más que comenzó a crecer ya desde el 2016, más que duplicándose. La situación en el resto de las ciudades y el área rural también es preocupante. Nunca antes, desde que medimos el déficit calórico hemos alcanzado tan alto nivel de privación alimentaria. Cuando más se lo necesita, el número de beneficiarios de Qali Warma, en lugar de aumentar cayó en -0,9% (39.205 personas fueron privadas de la ayuda alimentaria).
Los programas sociales implementados desde el 2005 fueron diseñados para combatir la pobreza rural, en particular la pobreza extrema (que por entonces eran de 83,5% y 41,6%). Al considerarse únicamente la proporción y no el número absoluto de pobres urbanos (que ya superaban al de los pobres rurales), la pobreza urbana quedó fuera del radar de las políticas públicas. Aun hoy, no se dispone de una estrategia adaptada a las formas específicas que reviste la pobreza en las ciudades ni tampoco los instrumentos de focalización. Eso quedó en evidencia ya hace 4 años con la distribución de los bonos a la población urbana en el momento de la pandemia. No se ha aprendido de las experiencias y se ha continuado con un piloto automático (en un carro sin chofer) que nos conduce directamente contra una pared.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? La versión oficial pretende culpar al ciclón Yaku, al fenómeno de El Niño o a las protestas sociales que ocurrieron en el primer trimestre del año, sin mostrar mayor evidencia al respecto. Una primera mirada a las evoluciones mensuales nos permite descartar tales explicaciones (o mejor dicho excusas ante la inoperancia de las políticas públicas). En el gráfico observamos que durante la primera mitad del año la pobreza disminuyó mientras que se incrementó rápidamente a partir del mes de agosto.
Descartada esta explicación, las posibles explicaciones radican en varios factores. En primer lugar, el rezago aún muy importante en el empleo adecuado, aquel que permite ingresos por encima de la línea de pobreza y gozar de un mínimo de protección social. Otra posible explicación es que para los hogares alrededor de la línea de pobreza los precios aumentaron en 7% y (en 11% los alimentos). Los hogares pobres dedican una mayor proporción de sus gastos a los alimentos, por lo que resultaron siendo los más afectados. Según nuestros cálculos, la inflación ha añadido 2,7 puntos porcentuales a la pobreza a nivel nacional, 2 puntos más para los urbanos y 5 puntos para los rurales (de allí el incremento de la pobreza extrema rural). Las políticas sociales no han respondido como debieran ante el deterioro de las condiciones de vida de los hogares. Comparado con el año 2022, la contribución del conjunto de políticas sociales a la reducción de la pobreza ha disminuido en el campo y se ha mantenido en el mismo nivel en las ciudades, a pesar del agravamiento de la situación. La situación respecto a las transferencias monetarias es aún peor: su contribución se redujo más fuertemente (de 3,8 ptos. a 3,4 ptos. en el área urbana y de 8,8 ptos. a 6,5 ptos. en el área rural). Se hace urgente un replanteamiento de las políticas sociales. Los hogares perderán pronto la paciencia.