El allanamiento de su casa y de palacio es una medida extrema, pero dentro del ámbito de la fiscalía, que aprovecha la incapacidad de reacción de la presidenta Dina Boluarte, y la debilita más, exponiéndola a una vacancia que, sin embargo, pasa por la decisión del congreso y el suicidio colectivo de 130 parlamentarios, algo difícil que ocurra.
El allanamiento a medianoche del viernes santo, con la imagen impactante del golpe a la puerta de su casa con el apoyo de 50 policías y fiscales, es una medida radical para un jefe de estado, pero que se explica por dos razones.
La primera, la necesidad del ministerio público de recuperar el prestigio que tuvo y perdió por su politización, con acciones impactantes que deben ser avaladas por los jueces para evitar un linchamiento mediático.
La segunda, la inhabilidad de Boluarte para ofrecer una respuesta básica y mínimamente creíble sobre las denuncias que le hacen, tanto ante la fiscalía como ante el país, lo cual se ha hecho evidente desde que despidió a Alberto Otárola de la PCM.
Se puede sospechar de si Otárola filtra información que perjudica a Boluarte, como deslizó ayer la propia presidenta, pero no hay duda de que, sin él, ella parece hoy un zombi político.
Su suerte va ahora por dos cuerdas. Una es la judicial, con tiempos largos, y que requeriría, al menos, una respuesta hasta del ‘tipo coartada’. El mensaje de ayer junto a su gabinete es insuficiente, y con frases fatales como “desde cuándo la prensa se ocupa de lo que usa la presidenta”, pero es, al menos, una respuesta que no había hasta ahora, lo que moverá el asunto a la otra cuerda.
Esta es la política, de tiempos más breves y motivaciones basadas en intereses antes que en principios, en la que se ha planteado la vacancia de Boluarte, la cual dependerá de la quiebra del respaldo que tiene en el congreso, algo que aún no parece muy probable.
Pero es evidente que, con todo el jaleo reciente, la presidencia de Boluarte quede mucho más débil y que necesitará reforzar su relación con el congreso, acaso con relevos ministeriales para ganar tiempo para acercarse al objetivo compartido de llegar al 2026, porque, así como va, no la hace. Pero, como habría dicho Humberto Martínez Morosini, aquí no pasa nada... todavía.