El desacato del Congreso

El Congreso está tratando de declarar la inhabilitación de la fiscal suprema Delia Espinoza por 10 años. ¿El motivo? Simplemente, porque la autoridad fiscal está haciendo su trabajo e investigando las vinculaciones de los congresistas con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

No ha quedado ahí. También han alertado desde el interior del Parlamento sobre la posibilidad de que se efectúen operativos para intervenir los locales parlamentarios y realizar descerraje para garantizar la incautación de documentación probatoria.

La respuesta del presidente del Congreso, Alejandro Soto, ante esta alternativa ha sido inaudita. Se opone terminantemente a cualquier acción fiscal y señala que no dejará que se realicen este tipo de intervenciones.

PUEDES VER: El fin de la reforma, por Santiago Dammert

Ya no se trata solo del abierto desacato a las disposiciones emanadas de otro poder del Estado, sino que se le suma a ello la amenaza contra la fiscal Espinoza para amedrentarla con dejarla fuera del caso de los congresistas e inhabilitarla de la función pública por 10 años. Es el ejercicio autoritario de su labor congresal hasta límites insostenibles en una democracia.

La denuncia constitucional formulada por 5 congresistas contra la fiscal Delia Espinoza ha sido respondida por la Junta de Fiscales Supremos en un comunicado en el que señalan explícitamente que el caso debe dilucidarse en el Poder Judicial, el cual es el único autorizado a hacerlo, y que ningún otro poder puede arrogarse esa interpretación.

Además, señalan que el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se ha apartado de ver la causa de la suspendida Patricia Benavides, básicamente, porque él podría ser llamado a declarar en el caso, por lo que informó de su situación y actuó, en consecuencia, no interviniendo en el proceso.

PUEDES VER: Poderío, por Paula Távara

Pese a esta condición especial de Villena, el Parlamento también ha dado trámite a otra denuncia constitucional, esta vez contra Villena, con otra amenaza de inhabilitación por 10 años.

No quedan dudas sobre el ejercicio autoritario y pleno de arbitrariedad que lleva a cabo el Congreso. Primero, para evitar que investiguen a Patricia Benavides y, luego, para impedir que se llegue al fondo de la verdad acerca de la relación de ella con los congresistas, con quienes habría intercambiado favores ilegales a cambio de votos e impunidad.