Los intereses antes que los principios, por Augusto Álvarez Rodrich

Por la amplia historia político-judicial del país —espacios que en el Perú nunca van por cuerdas separadas— ya se debería, aunque no parece, haber aprendido a tomar con precaución los testimonios bomba de colaboradores eficaces como los que lanza con ventilador el exasesor Jaime Villanueva.

Too good to be true (demasiado bueno para ser verdad) es un dicho que sugiere ser cuidadoso con las noticias canto de sirena que seducen a una redacción para su rápida publicación.

Siempre se requiere una verificación rigurosa del testimonio ante la evidencia que lo sustente; e indagación sobre la credibilidad del informante y si tiene motivación distinta a la verdad; y nunca utilizar sus dichos con el filtro de a quién beneficia o perjudica.

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Mientras se corroboran los testimonios de Villanueva, se puede especular con escenarios sobre su veracidad:

1. Cuenta toda con la verdad, asqueado por lo que ha visto. 2. Cuenta, interesadamente, la verdad de unos y oculta o tergiversa la de otros. 3. Miente sobre todo. 4. Dice lo que quieren que diga sus interrogadores, práctica extorsionadora ampliamente practicada por los fiscales peruanos con fines políticos o corruptos.

No se le puede creer todo a Villanueva sin contrarrestar, pero su testimonio no se puede utilizar con el criterio escandalosamente discrecional de que el ‘filósofo’ es creíble cuando hunde a la exfiscal de la nación, e increíble cuando desnuda a los de la otra orilla.

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Pues los testimonios de Villanueva, como los que tantas veces antes han ofrecido colaboradores eficaces desde el tiempo de Matilde Pinchi Pinchi, dan cuenta de lo que todos saben, pero no quiere admitir, por la predominancia de los intereses sobre los principios, lo que lleva a utilizarlos para liquidar y hundir al rival, o salvar y glorificar al amigo de la collera.

Su testimonio perfila y confirma un sistema político podrido por el mal comportamiento de fiscales, periodistas, políticos, congresistas, y líderes de casi todos los partidos, que pueden no implicar una responsabilidad penal, pero sí ética, aunque lo obvio es que, en este caso, al menos, la responsabilidad gravísima es de unos fiscales que prometieron luchar contra la corrupción y decidieron hacerlo siendo parte de ella.