Sin sindicatos no hay democracia ni diálogo social (lo dice la OCDE), por Enrique Fernández-Maldonado
"Hoy a duras penas los sindicatos (con excepciones) sobreviven; las huelgas se redujeron a su mínima expresión y la negociación colectiva es un derecho en extinción”.
El sindicalismo peruano está en crisis. Es una apreciación difícil de rebatir, y que lamentablemente a pocos preocupa. Lo cual está mal, pues la organización de los trabajadores es fundamental para las democracias y el diálogo social. Pero no es un diagnóstico que sorprenda si miramos uno de los indicadores más expresivos de este declive: solo el 5% de la PEA asalariada está sindicalizada (de las tasas más bajas en la región). Ello explicaría la ausencia del actor sindical en la política nacional. Lejanos parecen los tiempos en que los paros nacionales convocados por las organizaciones sindicales paralizaban el país, e incluso propiciaban transiciones a la democracia (1977 y 2000). Hoy a duras penas los sindicatos (con excepciones) sobreviven; las huelgas se redujeron a su mínima expresión y la negociación colectiva es un derecho en extinción.
¿Qué explica esta situación? Una hipótesis está relacionada con la convergencia de factores estructurales, políticos y culturales que, en apenas una década, provocaron un vertiginoso proceso de deterioro organizativo e institucional.
En lo económico, el neoliberalismo acentuó la desindustrialización del aparato productivo, transformando la estructura ocupacional. El desplazamiento de la manufactura y agricultura por los servicios y el comercio acentuó la fragmentación y dispersión de la fuerza laboral. La mitad de la PEA pasó a ser independiente, autónoma y mayoritariamente informal, al margen de una relación asalariada, carente de un empleador frente al cual sindicalizarse. La otra mitad de la PEA trabaja en empresas que, en su gran mayoría (80%), son unidades económicas con menos de 20 trabajadores, sin derecho a organizarse.
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En lo político, el conflicto armado interno tuvo un impacto demoledor en el movimiento sindical. Decenas de dirigentes y obreros murieron en manos de la violencia terrorista y estatal. En simultáneo, las reformas laborales de los años noventa –según especialistas de la OIT, entre las más profundas en la región– hicieron tabla rasa del derecho laboral. En el ámbito de las relaciones individuales, la flexibilización amplió significativamente el rango de contratos temporales e instauró la tercerización casi sin límites. Las relaciones colectivas se acotaron al ámbito de la empresa (desapareciendo el nivel sectorial), y se impusieron restricciones importantes al derecho a huelga.
Estos procesos fueron posibles en un contexto de cambio cultural también profundo. El individualismo se convirtió rápidamente en la ideología dominante en amplios sectores de la población. Caló el mandato social del progreso personal (emprendedurismo) por sobre la organización y acción colectiva. En consecuencia, la tasa de sindicalización descendió significativamente. Si a fines de la década de 1980 el 21% de la PEA estaba sindicalizada, una década después, comenzando el nuevo milenio, esta había descendido a 4%.
Los cuellos de botella
Es en la combinatoria de estos factores (donde el rasgo principal es la precariedad del empleo y la ausencia de dialogo social) que está la base de debilidad que acusa el movimiento sindical peruano. Pero hay elementos de la política pública que impiden una progresiva recuperación de la afiliación y organización sindical, que merecen destacarse.
Por un lado, la continuidad de la legislación fujimorista ha perpetuado la condición de inestabilidad en el empleo. Actualmente, 3 de cada 4 trabajadores formales tienen contratos temporales, es decir, carecen de estabilidad laboral: un verdadero dique para el crecimiento de la afiliación sindical (“si me sindicalizo, no me renuevan”). Lo cual limita su capacidad de organizarse para negociar sus condiciones salariales (redistribución económica).
Otro elemento determinante reside en la incapacidad de la fiscalización laboral para tutelar los derechos laborales (en especial los colectivos). La Sunafil no cuenta con el número suficiente de inspectores de trabajo ni la infraestructura necesaria para cumplir con sus funciones. En las regiones, la situación adquiere ribetes dramáticos.
La justicia laboral tampoco funciona. A diez años de implementada la “nueva” Ley Procesal de Trabajo queda claro que no ha cumplido con sus objetivos. Los juzgados están atiborrados de expedientes que esperan meses y años para ser atendidos. Los trabajadores recurren cada vez menos a la administración de justicia, por considerarla lenta, costosa e incierta en sus sentencias.
Nada de esto omite los problemas propios del movimiento sindical, que también influyen en su crisis actual. La falta de liderazgos capacitados para enfrentar los procesos cambiantes del mundo del trabajo, prácticas sectarias e intereses subalternos han minado el interés de las nuevas generaciones para organizarse sindicalmente. El movimiento sindical enfrenta un tremendo desafío de renovación si lo que busca es recuperar los bríos de épocas pasadas.
Oído a la música
Contrariamente a lo que creen algunos, los sindicatos están lejos de reducir la competitividad y productividad de las empresas. Lo dicen nuestros principales socios comerciales. El año 2016, en el marco de la activación de los mecanismos de control de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú, el Departamento de Trabajo de EEUU recomendó al Estado peruano revisar (y cambiar) la normativa laboral relativa a contratos temporales, potenciar la fiscalización laboral y modernizar la justicia laboral. Un año después, la Unión Europea recomendó lo mismo. Los riesgos de no hacerlo van desde multas económicas hasta la suspensión de los beneficios arancelarios. Algo que, entendemos, el sector exportador buscaría evitar.
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Incluso la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), foro económico al que aspiramos integrarnos, señaló en un informe reciente: “Perú debería redoblar sus esfuerzos para garantizar una aplicación plena del derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva tanto en la legislación como en la práctica, según lo recomendado por los órganos de control de la OIT”1. Sin embargo, como lo demuestra un estudio reciente de Perú EQUIDAD, los avances en el cumplimiento de estas recomendaciones son, al momento, bastante pobres.
Bien harían el Gobierno, el sector empresarial y el movimiento sindical en revisar sus estrategias de relacionamiento y diálogo social. A lo largo de la historia, los trabajadores organizados en sindicatos han cumplido roles claves en la defensa de la democracia y los derechos humanos, en el Perú y el mundo entero. En los tiempos actuales, mejor con ellos que sin ellos.