Demanda contra Repsol en La Haya

La suma de la reparación es más de mil millones de dólares por daños y perjuicios provocados a raíz del derrame de petróleo ocurrido en el 2022. La empresa acusada es Repsol y el presunto delito se cometió en las costas del Perú. El caso ha sido presentado en Holanda, específicamente en la Corte de La Haya, que recién sesionará en junio para determinar si son corte competente para abrir proceso.

La demanda corresponde a la iniciativa de la fundación Stichting Environment and Fundamental Rights (SEFR) y cuenta con el respaldo de 34.000 firmas de ciudadanos de las zonas que sufrieron la contaminación de petróleo, es decir, Ancón, Aucalla, Chancay, Huacho, Santa Rosa y Ventanilla. El bufete inglés Pogust Goodhead es el encargado de la representación legal de la demanda.

La Corte de La Haya tendrá que pronunciarse, aunque la empresa señala que la denuncia “no tiene fundamento”. Hay que recordar que el caso se discute aún en tribunales nacionales. Sin embargo, se ha elegido presentar la demanda allí porque se trata de la dirección fiscal de la petrolera multinacional.

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Ocurra lo que ocurra, hay que evidenciar que se trató del peor desastre ecológico ocurrido en el Perú. Que se contaminaron casi 2 millones de metros cuadrados de área, y que de esa extensión, 18.000 kilómetros cuadrados correspondían a áreas protegidas.

Se recuerda que ante el daño ecológico, la empresa Repsol negó en primer lugar y luego trató de ocultar su responsabilidad, razón por la cual las labores de emergencia no se hicieron en los tiempos adecuados, lo que provocó mayores daños.

Los grandes perjudicados, los pescadores de la zona, siguen solicitando respuestas a sus reclamos. Además de no conocer el momento en el que podrán volver a pescar con normalidad , aseguran que no todos los afectados han sido resarcidos económicamente.

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Es necesario puntualizar que se está debatiendo en las cortes de justicia una demanda contra la Sunat y el MEF por el posible descuento de los gastos de descontaminación en Ventanilla. Es una medida que favorece a Repsol y que genera graves dudas sobre el favorecimiento del Gobierno a una empresa que derramó sobre el mar de Grau 11.900 barriles de crudo.