Un bloque antifujimorista no basta, por Irma del Águila
"El bloque de oposición [...] no pueden ser una reedición de lo déjà vu, el desfile de los Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK, Pedro Castillo y sus prontuarios en las fiscalías".
El miércoles 6 de diciembre será el día D para la fiscal Patricia Benavides, pero no solo eso. Ese día se decidirá la suerte del caso Valkiria V que involucra a la Fiscalía, al Congreso, a la Defensoría y un etc. por develar. La tesis de la fiscal Marita Barreto es que la organización criminal encabezada por la propia fiscal de la Nación habría negociado “favores” fiscales con congresistas a cambio de votos a favor de la destitución de la incómoda fiscal Zoraida Ávalos, la designación de un defensor del Pueblo amable y la remoción de los miembros de una JNJ adversa.
El lunes 27, la fiscal de la Nación destituyó a Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), en un desesperado intento por detener las investigaciones en su contra. El Eficcop, en su corta existencia, ha remecido estructuras criminales enquistadas en el Estado. Desde julio de 2022 investiga los casos de irregular licitación de obras públicas en Petroperú, el MTC y el Ministerio de Vivienda que, según la fiscal, involucran al expresidente Pedro Castillo.
Recordemos, el 7 de diciembre de 2022, horas antes del fallido golpe de Estado, Salatiel Marrufo, exfuncionario del Ministerio de Vivienda con el inamovible Geiner Alvarado, revelaba ante el Congreso una línea de pagos ilícitos para adjudicar obras públicas. Los “aportes” de la empresaria Sada Goray llegaban al presidente Castillo, “50.000 soles mensuales”.
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La destitución de Marita Barreto evoca la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, que investigaba a cuatro expresidentes y a Keiko Fujimori, ordenada por Pedro Chávarry. Se repite la historia, los coordinadores de un equipo de fiscales que cumplen con su labor en casos gravitantes son destituidos de forma arbitraria por sus jefes; pero los fiscales, lejos de acatar la orden, se declaran en rebeldía.
En fin, la abortada operación de remoción de los miembros de la JNJ por el Congreso de la República, en complicidad con la Fiscalía, expone lo que está en juego: el control del Estado por parte de organizaciones mafiosas. Y la importancia estratégica de instituciones públicas que resisten el embate. Cómo soslayar que la permanencia de la JNJ es decisiva en la desarticulación de la organización criminal que lideraría la fiscal Benavides; en el debido proceso que exigen los familiares de los civiles asesinados en las protestas; en la idoneidad de los jefes de la ONPE y del Reniec que se elijan en 2024.
El bloque de oposición a este Gobierno, esta Fiscalía y el Congreso, carentes de legitimidad social, no pueden ser una reedición de lo déjà vu, el desfile de los Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK, Pedro Castillo y sus prontuarios en las fiscalías. El antifujimorismo no es suficiente, es imperativo que tengan las manos limpias.