“No nos sigan matando”, por Roberto Ochoa
"A todo esto ¿dónde estaba el defensor del Pueblo cuando asesinaron a Quinto Inuma?".
En medio de escándalos en el Ministerio Público, investigaciones al entorno presidencial y nuevos afanes para liberar a Fujimori, el 2023 se despide con dos muy malas noticias: el asesinato del apu kichwa Quinto Inuma Alvarado y la abdicación del Gobierno peruano ante las mafias que controlan Aguas Calientes y Machupicchu.
Por esas cosas del destino, Inuma fue asesinado el mismo día que se inauguraba la Conferencia de la ONU para el Cambio Climático COP28, que se realiza en Dubái –el paraíso de los combustibles fósiles–. Su muerte estaba cantada pero sirvió para que el rollo burocrático con el que la delegación peruana iba a justificar su viaje a Dubái fuera reemplazado por la llamada de auxilio global que lanzó Wilfredo Tsamash: “No nos sigan matando, ni con armas ni con la indiferencia del Estado. Queremos vivir para seguir salvaguardando nuestros territorios que son para el mundo”, dijo el presidente de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de la región San Martín, quien representa a 128 comunidades nativas y ocho federaciones en la COP28.
A esto se suma la denuncia del hijo mayor de Quinto Inuma, quien criticó duramente el discurso oficial ante el asesinato de su padre e insistió en que el Estado lo abandonó a su suerte.
A todo esto ¿dónde estaba el defensor del Pueblo cuando asesinaron a Quinto Inuma? Para variar, Josué Gutiérrez se subió al coche de los burócratas que asisten a la COP28 y pasea por Dubái mientras que aquí, en el Perú, no hay quién defienda a los verdaderos defensores del medio ambiente local.
Pero nuestro patrimonio cultural también está en peligro. Las mafias que gobiernan Aguas Calientes y se creen dueños de la llaqta inca doblegaron a la ministra de Cultura y lograron subir el número de visitantes a más de 6.500 diarios, considerando los turistas que llegan caminando por la ruta del camino inca.
El Gobierno Regional de Cusco es cómplice de los autores de este atentado contra Machupicchu y demuestra que la mafia que se apoderó de la DDC Cusco durante el régimen de Pedro Castillo sigue gozando de buena salud.