Tensa espera

La crisis política en la que nos han sumido la fiscal de la Nación, sus colaboradores hoy detenidos, el Congreso y el Ejecutivo no ha desescalado; simplemente se ha sumido en una parálisis generalizada a la espera de quién dará el próximo paso.

Se trata de ganar tiempo, razón por la que las declaraciones efectuadas son abiertas y genéricas. Todos apelan al interés público como el móvil de las decisiones, pero nadie determina qué pasará con la fiscal de la Nación, con la destituida Marita Barreto y con los 37 congresistas que están involucrados en este escándalo.

Por lo pronto, la fiscal de la Nación ha sido citada a declarar ante el Congreso y su investigadora, la fiscal Barreto, apelará su destitución ante la Junta de Fiscales Supremos, que no puede citarse porque falta un miembro para el quorum.

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La fiscal suprema Delia Espinoza ha solicitado autorización para retornar al Ministerio Público, ya que se encuentra destacada en el Jurado Nacional de Elecciones. Se trata de una decisión clave que pondría orden y cabeza a una institución que está actualmente con una líder cuestionada por sus propios pares y subalternos.

La Junta Nacional de Justicia sigue en sesión permanente hasta el momento, porque tendrá que adoptar decisiones en el marco del debido proceso.

En el Congreso, los partidos que han sido socios de los arreglos turbios con los asesores de la fiscal ensayan comunicados discretos con el propósito de bajar las aguas, sin reconocer obviamente su participación en los tratos ilícitos. Igualmente, el defensor del Pueblo asegura haber sido elegido sin arreglos bajo la mesa.

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El Gobierno, por su parte, trata de tomar distancia de la crisis y minimiza la acusación por homicidio calificado que, en su desesperación, la fiscal Benavides ensayó como defensa.

En este escenario de negaciones y poco propósito de enmienda, las convocatorias a tomar las calles se han multiplicado. Hay una movilización convocada para el sábado, bajo la consigna de que se vayan todos, además de plantones y protestas. La hipocresía de los actores políticos de la crisis no hace más que sublevar y ofender a la ciudadanía, harta de esta convivencia de los poderes del Estado con la corrupción.