Sendero de parranda; no había muerto, por Augusto Álvarez Rodrich

Las imágenes del colegio del distrito de La Esperanza, en La Libertad, donde unos niños son adoctrinados en el pensamiento Gonzalo de Sendero Luminoso, deberían erradicar la creencia muy aceptada de que este movimiento terrorista había muerto, y establece una serie de labores para enfrentar la idea de la lucha armada como instrumento de acción política, pero con el cuidado suficiente para distinguir entre la rehabilitación a la que tiene derecho toda persona tras cumplir su condena, y el seguimiento al que está obligado el estado, en defensa de la sociedad, por el riesgo de que retorne a acciones vinculadas a la lucha armada.

Como Juan Santos Romero, quien tras cumplir 12 años de cárcel por integrar una columna terrorista que en 1993 asesinó a cinco personas, creó un colegio en Trujillo para adoctrinar a niños en el pensamiento Gonzalo, y se camuflaba como militante de APP.

Lo cual plantea varios asuntos. Primero, Sendero no ha muerto, como creen muchos; una organización que se dedica al adoctrinamiento infantil tiene existencia y planes de vigencia.

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Segundo, Santos no actuaba como un ‘lobo solitario’, sino vinculado a una organización mayor. ¿Cuántos colegios como ese nido-terrorista hay en el país?

Tercero, su vinculación a APP llama la atención sobre el mayor cuidado que deben tener los partidos en la inscripción de militantes, pero lleva a pensar que es una táctica de gente asociada al Movadef —que es Sendero— para camuflarse y que debe suceder en muchos otros partidos, lo cual demanda un seguimiento policial para saber en qué andan los que fueron terroristas.

Pero sin caer en abusos. Como, por ejemplo, impedir que quien fue esposo de Elena Iparraguirre —la número 2 de Sendero— pueda trabajar en el Estado.

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¿Qué culpa tiene quien fue abandonado por su esposa hace 47 años para irse al terrorismo y no la vio más?

Asimismo, con quienes ya cumplieron condena por 25 años de cárcel por terrorismo, como los exintegrantes del MRTA Alberto Gálvez Olaechea y Peter Cárdenas Schulte, que hoy viven en el extranjero y ya marcaron distancia de lo que hicieron, pero a quienes la justicia les ha dictado una prisión preventiva en evidente acción de populismo judicial.