Memoria y justicia: pasado y presente, por Indira Huilca

Hace unas semanas, las familias de Cayara, Ayacucho, lograron la condena de los autores de la masacre que destrozó su comunidad en 1988. Los hechos fueron negados por el Ejército, encubiertos en el Senado y luego relegados por décadas en los tribunales. Recién tras 35 años, las y los deudos encuentran reivindicación en una sentencia que además de castigar a los perpetradores, reconoce la validez de sus testimonios.

Cayara es una de las muchas comunidades andinas remecidas por la violencia de Sendero y castigadas con la respuesta indiscriminada de las Fuerzas Armadas. Como casi todos los casos de ese período terrible, muestra también la lentitud y la lenidad con que la justicia atiende a miles de compatriotas con dolorosas causas pendientes: ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas, esterilizaciones forzadas, desapariciones, sitios de entierro clandestino sin explorar y restos humanos por identificar y restituir.

Tales procesos de búsqueda de justicia, aunque largos y frustrantes, no habrían sido posibles sin la organización de las propias víctimas y sus familiares, como la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep) y las familias de La Cantuta, por mencionar solo dos casos emblemáticos. Y a la vez, ellas no habrían podido avanzar en sus logros sin el estudio exhaustivo y reconocimiento oficial de las violencias ocurridas en esos años, labor que llevó a cabo la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuyo Informe Final fue entregado al país hace 20 años.

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Otra conmemoración de estos días es el 40 aniversario de Anfasep, el 2 de septiembre. La fecha recuerda el día en que un grupo de ayacuchanas —encabezadas por la recordada Mamá Angélica— entregó la primera denuncia colectiva por la desaparición de sus familiares, la mayoría de ellos llevados de manera irregular a cuarteles y comisarías sin que se les vuelva a ver con vida y sin que se informe nunca su paradero. Sin el luto combativo de estas mujeres no se tendría un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ni un Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que da cuenta de 21.918 de estos casos. La lucha de estas valerosas mujeres no está libre de reveses, como el ocurrido esta semana, cuando se ha puesto en cuestión la continuidad del Grupo Especial Fiscal Caso Cabitos 1983 y 1992.

Por si se cree que hablamos “del pasado”, basta decir que este mismo año 2023, en el terreno adyacente al cuartel Cabitos han sido recuperados seis cuerpos, en medio de las obras del Santuario de la Memoria La Hoyada. Algo igualmente actual ocurre con los restos de las víctimas de La Cantuta, cuatro repatriados desde Londres este año y otro hallado en 2022 en Cieneguilla. Desaparecidos y ejecutados en 1992, recién podrán recibir sepultura digna el próximo fin de semana.

Para las comunidades, víctimas y deudos, nada de esto está en el pasado. Se trata de un doloroso e inacabable presente que empezó el día de su afectación o pérdida y continúa mientras no se satisfagan sus justas demandas de justicia, verdad y reparación. Lo mismo podemos decir sobre las familias de los heridos y fallecidos víctimas de la represión ordenada por Dina Boluarte contra quienes protestaron en su contra desde diciembre de 2022. ¿Aceptarán las Fuerzas Armadas la culpa de las órdenes recibidas de su jefa suprema? ¿La justicia peruana dejará a la ahora presidenta libre de responsabilidad, como ocurrió en su momento con Belaunde y con García? ¿Tendremos que esperar casi una década, como ocurrió con Fujimori?

Los peruanos sabemos que es posible, si asumimos solidaria y decididamente las luchas por memoria y justicia a las que estos tiempos nos están convocando urgentemente.