El derecho de Mila

¿En qué momento se perdieron la compasión y la empatía para resolver la situación de Mila, la menor de 11 años que carga con un embarazo no deseado, provocado por la agresión sexual de su propio padrastro? El Estado, a través de la Junta Médica del Hospital Regional de Loreto, ha actuado como un agresor más, un agente revictimizante que busca perpetuar la violencia, oponiéndose a que se apliquen las alternativas terapéuticas que existen para este tipo de casos y que además son perfectamente legales.

Hay protocolos claros y determinados que protegen a la niña y la alivian de las cargas morales y del prejuicio. Se debería proceder ipso facto porque se trata de un procedimiento quirúrgico como es el aborto terapéutico, dispuesto precisamente para este tipo de sucesos.

La opinión de autoridades, tanto políticas como médicas, no aporta nada. Acá no existe espacio para establecer si el aborto terapéutico es bueno o malo, pues debe primar el derecho de la niña a su infancia y evitar cargarle una responsabilidad que no es suya, para toda la vida.

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A la menor, víctima de abuso, se le debería garantizar la posibilidad de rehacer su vida; además, reponerle el derecho a los juegos, el estudio y a gozar de una vida normal.

El Estado peruano ya ha sido sancionado por no aplicar los protocolos que determina la ley, como en el caso de ‘Camila’, a quien también se le negó el derecho al aborto terapéutico. El Perú debe apegarse a su normativa y cumplir lo que determinan la legislación y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que tiene estándares precisos para este tipo de situaciones.

Es más, en vez de dedicarse a entorpecer la aplicación de la ley, las autoridades deberían reforzar las acciones para evitar que el número de agresiones sexuales contra menores de edad siga en aumento en el país. Este primer semestre del 2023 se han reportado 14.500 casos de violencia sexual, según los CEM del Ministerio de la Mujer. De ese total, el 70% correspondía a niñas y adolescentes. Y en el 2022, 1.625 menores de 15 años se convirtieron en madres.

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Estas cifras son las que deben propiciar una respuesta organizada y estructural de los responsables políticos de la salud, educación y de la propia sociedad, ya que a ellos les corresponde garantizar que las niñas y adolescentes en el Perú puedan vivir a salvo.