JNJ es ahora el blanco

La Junta Nacional de Justicia ha señalado enfáticamente que la moción presentada por la congresista vinculada a Chim Pum Callao, acusando a tres de sus miembros de presionar a jueces supremos, es una falsedad que difunden dos medios de comunicación, como un trascendido, una especulación sin pruebas.

Sobre esa base de suposiciones, la congresista arma una denuncia constitucional con la intención de inhabilitar por 10 años a tres integrantes del colegiado de la Junta, incluyendo a su presidenta. Es un método usado anteriormente por la representante chalaca, que ha apelado a estas acusaciones sin base a lo largo de su presencia en el Congreso.

El Pleno de la Junta ha expresado en un comunicado público que no ha sostenido ninguna reunión y mucho menos ha presionado al presidente del Poder Judicial tampoco a miembros de la Corte Suprema, para el caso específico de la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos, ni en cualquier otro tema.

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Los miembros de la Junta aseguran que no podrían actuar en contra de los principios de respeto a los fueros de los poderes del Estado y a la independencia y autonomía de fiscales y jueces, pilares del Estado de derecho.

Ellos explican que entre sus funciones está la de designar a los miembros de organismos electorales como el JNE y los jurados especiales además de los jefes de la ONPE y el Reniec. Es por ello que no parecen hechos fortuitos los que están ocurriendo y que el objetivo que se persigue busca dañar la institucionalidad en el país.

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En el medio de esta operación política, se supo que la fiscal de la nación ha ordenado el inicio de las investigaciones contra los tres miembros de la Junta Nacional de Justicia, incluyendo a su presidenta, basándose en los mismos supuestos reproducidos mediáticamente.

Es sintomático que en la JNJ se ventilen tres procesos contra la fiscal Benavides: por recibir una condecoración de manos de un investigado por lavado de activos (Rafael López Aliaga); por los títulos académicos presentados para su promoción como fiscal suprema, cuyas tesis no existen en los archivos de la Universidad Alas Peruanas; y por la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, quien veía el caso sobre su hermana juez, acusada de recibir sobornos para ordenar libertad de unos narcotraficantes. Deberían acelerar los resultados antes que los arrolle la aplanadora congresal.