Los excesos del Congreso en viajes y dispendios ha llegado a un punto tal, que grupos de parlamentarios abandonan el país en visitas que nada tienen de protocolares y que son en el fondo vacaciones pagadas por el Estado.
Acaba de culminar un periplo por China, donde 6 congresistas se pasearon por diferentes ciudades, sin mayor razón que asistir a una feria de celulares con todo pagado y con permiso del Legislativo, para que ahora se conozca de otro viaje realizado por un grupo integrado por 5 congresistas a Alemania, donde también cumplieron alguna agenda desconocida, sobre la que no tendrán que informar, pese a que usan viáticos y pasajes con fondos estatales.
Este despilfarro es en el período legislativo dirigido por el congresista José Williams, que ya llega a su fin. Además de los gastos de viáticos y pasajes, incrementados durante su gestión, también se han entregado bonos para el personal, el primero de 9.000 soles, y otros pagos más que se anuncian al staff de confianza y que han significado más de 32 millones de soles adicionales, lo que permite calcular un gasto complementario superior a los 63 millones de soles.
Estos desembolsos solo han sido posibles con el incremento de 48 millones de soles autorizados por el Gobierno de Dina Boluarte y suscritos por el MEF, como presupuesto adicional, otorgado para facilitar el entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso.
Ahora que han estallado los escándalos de viajes –de los cuales se sospecha que se ofrecen como pago de prebendas por apoyo político–, es necesario que se profundice en la ilegalidad de lo ocurrido. Funcionarios públicos habrían recibido dádivas y regalos de un privado, lo que está penado y es considerado delito.
Por lo pronto, se hace imperativo conocer la justificación que tienen tantos viajes al exterior de los parlamentarios y promover desde la sociedad civil y la propia Contraloría una investigación exhaustiva. Existen algunas iniciativas que podrían ser útiles para detener el dispendio, como la de publicar en el diario oficial la autorización para el viaje, la justificación y el monto del viático. Es obligatorio para todo funcionario público y no hay razón para que los parlamentarios no lo hagan. Podría ser un primer mecanismo de control frente al despilfarro y abuso del Congreso.