Alinear las políticas de Estado, por Humberto Campodónico

Se discute sobre si Petroperú debe o no entrar a los lotes de Talara. Los que se oponen dicen que quiere comprar el petróleo a precios inferiores al internacional. No. La refinería pagará el precio internacional asociado, o no, con otra empresa. Pero una cosa es que lo compre, digamos, a US$ 80, 100 o 150 por barril. Y otra que sea dueño del 100% (o un % menor). En ese caso, tendrá acceso a la renta petrolera, que es la diferencia entre el costo de producción del petróleo (se estima entre US$30 a 40 por barril) y el precio internacional. No es poca cosa.

Para la calificadora Fitch, que Petroperú sea importador neto de crudo (o que compre el de Talara a terceros a precio internacional) es un problema porque “los altos precios implican una reducción del margen de ganancia” (1). Con acceso a la renta petrolera eso desaparece, pues el margen de ganancia aumenta con los precios altos, lo que lleva a una mejora de la calificación.

Lo más importante. Los lotes de Talara, principalmente el Lote X, están en producción y no implican altas inversiones ni riesgo exploratorio (lo que sí sucede con el Lote Z-2B y el Lote 8). Según Petroperú el EBITDA del Lote X (que expira en el 2024) asciende a cerca de US$200 millones anuales (al precio Brent de US$64/barril; ayer estuvo a US$75), lo que mejora el flujo de caja.

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Según un reciente informe de Arthur D. Little (ADL), si Petroperú supera los obstáculos de falta de experiencia (lo que ya ha demostrado en el Lote 1), “el Lote X se considera de alta atractividad dada su cercanía a la refinería Talara. Sin embargo, sí debería considerar un socio”. Las opiniones técnicas coinciden.

Si esos lotes, cuyas reservas son de la nación, generan utilidades, ¿por qué Petroperú no participaría de esa renta con un socio? En Colombia, los lotes que expiran pasan a ser operados por Ecopetrol. Se trata de un negocio en marcha con reservas probadas. Otorgarlas otra vez solo a privados es mucho más que una mala política: hay muchas zonas en la cuenca amazónica y en el zócalo continental, que necesitan inversión privada de riesgo.

Se dice que Piura ya no recibiría canon petrolero porque la depreciación de la inversión en Talara va a generar pérdidas a Petroperú. No es así porque el art. 50 de la Ley 26221 permite separar la contabilidad de las diferentes actividades. Por tanto, los lotes de Talara sí pagarán impuesto a la renta, yendo el 50% a provincias, distritos y Gobierno regional.

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El problema de fondo consiste en saber si se van a alinear las políticas de Estado. La refinería está en la fase final de la puesta en operación comercial y su EBITDA, según ADL, es de US$470 millones promedio en los próximos 15 años; otros, como S&P, lo fijan en US$520 millones anuales (2), lo que permite cumplir con el servicio de la deuda de Petroperú.

Alinear las políticas de Estado implica que esa buena perspectiva se complemente con la participación en los lotes. Fue por eso que la refinería se construyó allí. Pero la privatización de Fujimori terminó con esas sinergias. Corresponde ahora al MEF, MEM y Perupetro esa tarea. El Congreso también está interviniendo.

Que Petroperú tiene problemas, los tiene. Son operativos y administrativos y pasan por la reorganización de la empresa, por la transparencia y meritocracia, lo que ahora realiza la consultora ADL y encara su Directorio y las gerencias. Pero de allí a que no participe en los lotes implicaría su debilitamiento. ¿Eso se quiere? ¿Seguir con “la subsidiariedad”?

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Dice Fitch: “La finalización de Talara reducirá drásticamente la inversión de capital después de 2023; también aumentará la eficiencia operativa. Los predecibles aumentos de los márgenes de ganancia de la refinería debieran traducirse en márgenes de ingresos EBITDA más sólidos durante el horizonte de nuestra calificación de la empresa” (1). La refinería ha atravesado problemas cuya discusión prosigue. Pero hoy es parte de la solución. Igual que los lotes.

1. Informe de Fitch https://bit.ly/3N1AN5M
2. Informe de S&P https://bit.ly/3CkgRWQ