Democracia descuartizada, por Diego García-Sayán

El panorama de la democracia en el Perú, así como en varios países de la región y del mundo, es recurrentemente triste. Por donde pongamos la vista, en el mundo y en Latinoamérica estamos viviendo un grave momento de descomposición acelerada de la democracia. Con tristeza y pavor se ve cómo en el Perú, para no ir muy lejos, el Congreso y varias instituciones claves del Estado son capturadas por grupos antidemocráticos, corruptos e incompetentes, para fines que no parecen ser la buena gestión del sector público.

¿De qué democracia, pues, estamos hablando? Recordemos los conceptos muy claros puestos en blanco y negro en la Carta Democrática Interamericana, adoptada unánimemente por los países de América. Hay que recordar que esta carta fue iniciativa peruana luego de la recuperación de la democracia, y se votó en la asamblea general de la OEA en Lima el 11 de setiembre del 2001, que me correspondió el honor de presidir como canciller del Perú. Una época lejana en la que el Perú tomaba iniciativas de repercusión regional.

Entre los elementos esenciales de la democracia allí consensuados, hay cuatro que merecen ser especialmente destacados como guía para la acción de nuestras sociedades.

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Primero lo primero: “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales” (art. 3). Lo que supone la obligación de prevenir las violaciones y de investigarlas y sancionarlas cuando se han producido. Cuando hechos graves como las más de 40 muertes en diciembre 2022/enero 2023 se quedan sin investigaciones prontas y serias, se está yendo contra este principio. Investigaciones al extremo lentas, marcadas por la pasividad, elementos probatorios que se desvanecen, o desvíos de investigaciones fiscales hacia delitos que claramente no se han producido (como “genocidio”) son la muestra.

En segundo lugar, “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”. (art. 3). Al ponerse en peligro la condición de “justas” por las amenazas sistemáticas y proyectos reiterados en el Congreso para arrasar con la independencia del sistema electoral (JNE y ONPE), está en cuestión la justicia futura de los procesos electorales.

En tercer lugar, algo medular: la “separación e independencia de los poderes públicos” (art. 3) y la “transparencia” como uno de los elementos de la democracia (art. 5). Estos principios están torpedeados desde varios rincones. En particular, por la concentración de poder en una mayoría del Congreso, rechazada por el 92% de la población, dedicada a perpetrar un rosario de actos que minan en el eje esa “separación e independencia” y la “transparencia”.

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Entre otros: además de lo ya dicho sobre el sistema electoral amenazado, el propósito de contar con una JNJ al gusto de los políticos del Congreso; una fiscal de la Nación que actúa con falta de transparencia y con una preocupante pasividad ante hechos gravísimos producidos en diciembre/enero; un defensor del Pueblo elegido dentro del fragor de proclamas extremistas que son contradicción sustantiva con su función, que es proteger los derechos humanos. Gravísimo, por ejemplo, que haya votado el Congreso por alguien que se refirió a la homosexualidad como una “deformidad que hay que corregir”. Sin olvidar, por cierto, el frustrado golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, acción por la cual fue correctamente vacado.

Cuarto: la “participación ciudadana”, “condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia” (art. 6) y la “participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía” (art. 2). Obligación sistemáticamente soslayada e ignorada en todo el curso actual. Desde la designación poco transparente y sin participación ciudadana de altas autoridades por el Congreso, hasta el desconocimiento del clamor nacional por el adelanto de las elecciones generales.

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No es de sorprenderse, al ver este panorama, que la calidad democrática en el Perú haya retrocedido según el índice de democracia de la prestigiosa revista The Economist, al punto de ya no ser considerada una democracia.