El clima de la segunda vuelta, por Hernán Chaparro

Estamos en un momento donde, por un lado, está la expresión de la voluntad ciudadana, manifestada en el voto (a pesar de los problemas del 12 de abril), y por otro, la voluntad de quienes presionan a instituciones para forzar interpretaciones arbitrarias. El telón de fondo, un clima de desconfianza.

Renovación Popular criticaba al responsable de ONPE desde antes del día de las elecciones. Eran acusaciones que no hacían más que continuar las expresadas desde las elecciones del 2021. El mismo día de la votación comenzaron las denuncias sobre fraude por el cierre de locales. Cuando esto se solucionó, al extender un día más el proceso, comenzó el discurso sobre el impacto de las mesas que abrieron tarde para pedir elecciones complementarias, el cuestionamiento al sistema de cómputo y el pedido de destitución del responsable de organizar las elecciones. Lograron que Corvetto renuncie y que la Junta Nacional de Justicia, ilegalmente, acepte su salida.

Los problemas de organización operativa de la ONPE son una realidad. No deja de sorprender que, con la experiencia en este tipo de procesos, no se pudo llevar material a locales tan cercanos a su almacén central. La carta de renuncia de Corvetto da la impresión de que ni él tiene claro qué pasó. Mayor motivo para investigar. Afectaron la posibilidad de votar en los tiempos previstos, pero eso no es fraude. Diferentes números circulan sobre el impacto de la apertura tardía de algunas mesas. Los números mostrados por personas que han realizado cálculos preliminares sobre las consecuencias de estos retrasos (Matias Faure, @mati_faure en X y Gonzalo Márquez, @gmarquezp_ en X, por ejemplo) muestran que, a pesar de lo ajustado de la diferencia entre los votos a favor de Sánchez y López Aliaga, los atrasos no cambiarán el resultado final, pero lo que mandan son los resultados finales, no las estimaciones.

La organización no se preparó adecuadamente para gestionar la comunicación con relación a lo que ocurriría el mismo día de la votación ni para las interpretaciones que se han ido construyendo durante el cómputo. Los esfuerzos estuvieron en enseñar a la población sobre cómo votar y acciones de fact checking. Debieron de diseñar estrategias considerando que el nivel de confianza en el proceso electoral ha venido cayendo y que hoy la gente se informa, principalmente, por redes sociales. Tenemos un ecosistema mediático donde todo circula y se reinterpreta en segundos y donde la desconfianza y la desinformación son un lugar común. En redes sociales se han mostrado análisis de diverso tipo. Algunos se han llevado a cabo de buena fe, pero otros han sido realizados con agendas predeterminadas o, en todo caso, partiendo de prejuicios donde cualquier cosa es evidencia de fraude. ONPE abrió el sistema para reportar resultados con transparencia (lo cual está muy bien), pero nunca desplegó acciones significativas de comunicación para sostener ese proceso. Una omisión importante en un entorno de comunicación abierto, con un clima general de desconfianza y con actores interesados en expandir la idea de fraude.

Ricardo Cuenca escribió, en este diario, un interesante texto para entender la base sobre la cual se construyen y, sobre todo, se difunde una narrativa de fraude entre la población. Como bien señaló, en el país hay una expandida desconfianza social vinculada a una situación de desigualdad y fragmentación estructural que, añado, promueve una dinámica de polarización afectiva que actúa en silencio en muchos momentos. Solo los más interesados en política la ponen de manifiesto permanentemente, pero, en coyunturas como la actual, su expresión se generaliza. Cuenca mencionó el trabajo de Mutz sobre “amenaza al estatus” y el de Norris e Inglehart sobre la “reacción cultural” para dar cuenta de cómo un sector de la sociedad actúa autoritaria o reactivamente cuando percibe que su situación de poder y/o privilegios puede verse disminuida o perderse por la presencia de otros vistos como amenaza. Esto contribuye a expandir una versión del fraude. La que hoy pone a López Aliaga como el afectado por las demoras en la instalación de mesas o la que afirmó en el 2021 que el fujimorismo perdió por maniobras en las mesas de votación.

Pero, así como unos sienten miedo y, en el extremo, terminan llamando comunista o terruco a cualquiera que vean como amenaza a su estatus; también está otro sector donde lo que prima es la deprivación relativa. Esta es la percepción, no solo la realidad, de estar ubicados en una situación de precariedad o exclusión de bienes materiales (económicos), derechos políticos y reconocimiento simbólico a los cuáles otros sí tienen acceso. Se identifica que esta situación se da en función a los intereses de determinados grupos de poder (limeños, políticos, empresarios y una larga ecuación simbólica que a veces es real y en otras no tanto). Ya no se cree que la precariedad sea producto del destino, un orden natural o la voluntad divina. Son quienes se consideran excluidos, pero con los mismos derechos que otros a participar en la mesa de beneficios. Algunos se verán reflejados en el discurso de Sánchez o Atencio, puede que en el de López Chau e incluso Belmont. Esos electores también perciben fraude, pero uno asociado al fujimorismo, por controlar desde el Congreso la dinámica electoral o consideran a Renovación Popular un partido básicamente limeño que está buscando imponer su voluntad. La desconfianza mutua está instalada y seguro nos seguirá acompañando durante la segunda vuelta; sobre todo, si se enfrentan dos y un tercero sigue gritando fraude. ONPE debe prepararse a nivel operativo y comunicacional, para gestionar el clima del 7 de junio, pero en general, debemos prepararnos todos.